El gobierno de Javier Milei no solo se enorgullece de su política de ajuste fiscal, sino que también se jacta de aplicar la motosierra al presupuesto de ciencia y tecnología. Esta política de recorte ha tenido un impacto devastador y 2024 marca el año con la mayor caída histórica en términos de inversión científica.
Según el Grupo EPC, la “función ciencia y técnica” experimentó una caída del 32,9% en términos reales, un retroceso que llevó a la inversión en este sector a caer al 0,208% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta cifra es alarmantemente inferior al 0,39% que había sido establecido como objetivo por la Ley 27.614 de Financiamiento de la Ciencia, y que en 2023 ya había descendido al 0,302%. El recorte refleja una visión del gobierno que no prioriza el conocimiento como motor del desarrollo nacional.
Casi todos los organismos tuvieron caídas reales de doble dígito. El CONICET (-20,8%), INTA (-23,6%), CNEA (-28,8%), CyT en Universidades (-72,6%), todos cerraron con profundos desplomes. El Grupo EPC destacó «la virtual desintegración del ex Ministerio de Ciencia (hoy Secretaría de ICT)», que se hundió 91,7% en valores reales contra 2023.
«Esta política condujo a una centralización y des-territorialización de la inversión en ciencia y técnica, ya que el ajuste afectó en mayor medida a las provincias con menor desarrollo», denunció. Doce provincias vieron caer su presupuesto más de un 50% real por culpa de Nación. El caso de Formosa fue dramático, puesto que cayó un 67,4%.
Esto forma parte de una estrategia amplia de desmantelamiento de la ciencia argentina, un sector que históricamente fue fundamental para la innovación y la competitividad del país. La falta de inversión no solo afecta a las universidades y los centros de investigación, sino también a pequeñas y medianas empresas tecnológicas que dependen de la financiación estatal para crecer y desarrollarse.
La política de recortes en ciencia se complementa con una serie de privatizaciones que refuerzan el despojo del patrimonio nacional. La reciente venta de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona) a una firma vinculada al magnate Donald Trump es un claro ejemplo de cómo el gobierno de Milei está entregando empresas estratégicas del sector industrial a manos extranjeras, mientras recorta el financiamiento a la investigación y la tecnología que podrían haber permitido el fortalecimiento de estos sectores en manos argentinas.
La privatización de IMPSA y los recortes a la ciencia y tecnología no solo son un golpe a la soberanía industrial, sino que representan un abandono de las políticas públicas que podrían haber permitido a Argentina desarrollarse de manera autónoma, apostando a la investigación y el conocimiento. Al mismo tiempo, se da espacio a intereses privados internacionales que, en muchos casos, no buscan la innovación o el desarrollo del país, sino la explotación de recursos en beneficio propio.
Convertirse en Alemania con tecnología africana
El intento de privatizar ARSAT también generó suspicacias por el interés de grandes corporaciones tecnológicas internacionales en expandir su influencia en la región. Uno de los nombres que resuena en este contexto es el de Elon Musk, propietario de SpaceX y Starlink, compañías que buscan liderar el mercado global de conectividad satelital. El remate de ARSAT abriría la puerta a que firmas extranjeras dominen un sector estratégico, lo que desplazaría proyectos nacionales y fomentaría una dependencia tecnológica que podría hipotecar la soberanía digital del país.
El caso de Starlink, que ya comenzó a ofrecer servicios de internet satelital en Argentina, plantea interrogantes sobre el impacto de esta posible privatización. Con ARSAT desmantelada o debilitada, empresas como las del empresario estadounidense tendrían un camino allanado para monopolizar el mercado, para poner prioridad en las áreas más rentables y dejar desprotegidas las zonas rurales y de baja densidad poblacional. Esto implicaría no solo un retroceso en términos de desarrollo equitativo, sino también una vulnerabilidad estratégica para el país en un ámbito clave como las telecomunicaciones. Este proceso de desguace es funcional a vender la empresa orgullo que permitió el lanzamiento de dos satélites íntegramente desarrollados por el Estado argentino a cambio de monedas, o a caso por otra foto del Presidente con Musk. Un cholulismo por el que parece dispuesto a vender al patrimonio del Estado para saciarlo, no así a sus perros, ya que desconocemos siquiera si existen.
El ajuste aplicado a la ciencia y la tecnología bajo el gobierno de Milei pone en riesgo el futuro del país. Mientras que en el mundo la inversión en investigación es considerada la clave para la prosperidad económica, Argentina parece tomar el camino contrario. Esto reduce drásticamente la capacidad del Estado para invertir en la creación de conocimiento, innovación y desarrollo.
La caída del financiamiento a la ciencia es solo un ejemplo más de un ajuste que profundiza la dependencia externa de la economía argentina, al mismo tiempo que aleja al país de las oportunidades de progreso y crecimiento que provienen de la inversión en conocimiento y desarrollo. Las decisiones tomadas por el gobierno de Milei pueden tener repercusiones muy graves para las futuras generaciones que dependen de una inversión robusta en ciencia, tecnología e innovación para un futuro más próspero y autónomo.
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