El Gobierno de Javier Milei avanzó con una resolución que desactiva buena parte de las funciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), dejando sin efecto más de mil tareas vinculadas al control de calidad y seguridad en distintos rubros productivos.
La decisión implica que el Estado deje de intervenir en procesos de verificación técnica y científica, un rol que ahora quedará en manos de las propias empresas. La norma establece que los acuerdos y trabajos en curso continuarán hasta su finalización, pero fija el inicio inmediato de un proceso de cierre de estos servicios, acompañado por un esquema de transición.
Sectores críticos, sin supervisión estatal
El recorte alcanza a 1.004 actividades que abarcaban desde la industria alimenticia hasta áreas como construcción, energía, transporte, salud y tecnología. Entre las más sensibles aparecen los controles sobre alimentos, agua potable, materiales de obra y productos industriales.
En el ámbito alimentario, se interrumpen estudios sobre composición química, controles microbiológicos y análisis de calidad en productos como carnes, lácteos, aceites o bebidas. Esto incluye la detección de bacterias peligrosas y la evaluación de envases en contacto con alimentos.
También dejan de realizarse verificaciones sobre la calidad del agua y el tratamiento de residuos industriales, mientras que en la construcción ya no habrá supervisión pública sobre la resistencia o seguridad de los materiales utilizados.
Argumentos oficiales y críticas
Desde el Gobierno justificaron la medida en la necesidad de reducir la intervención estatal. Entre los fundamentos, se señala que el desarrollo tecnológico del sector privado permitiría asumir esas funciones sin necesidad de controles públicos.
Además, sostienen que este tipo de regulaciones podría afectar la competencia y desalentar inversiones. En esa línea, se plantea que simplificar los procesos permitiría mejorar el marco normativo, aunque la eliminación de controles genera cuestionamientos sobre sus posibles consecuencias.
El respaldo de Sturzenegger
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa en redes sociales. Allí afirmó que el INTI representaba un inconveniente porque “ofrecía servicios a un precio muy bajo, lo cual quiere decir que era el contribuyente (como decimos comúnmente ‘el IVA a la polenta’) el que financiaba estos servicios. En otras palabras, el servicio era un subsidio a ciertas empresas financiados por todos nosotros”.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 42/2026 publicada en el Boletín Oficial, y lleva las firmas de las autoridades del organismo. Con esta decisión, el INTI deja de cumplir un rol central que mantuvo durante casi siete décadas en la supervisión técnica de la producción nacional.
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