Tarifas en alza y tensión inflacionaria: economistas ven riesgo de otro rebote en mayo

La dinámica de precios vuelve a quedar bajo presión. Después de una seguidilla de meses con subas sostenidas y un marzo que marcó un 3,4%, abril dio una señal de alivio, pero el escenario de mayo reabre interrogantes por el impacto de nuevos aumentos en servicios clave.

El dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó 2,5% en abril, alimentó el discurso oficial de que lo peor ya pasó. En la Casa Rosada sostienen que aquel salto respondió a factores puntuales y que la tendencia debería retomar un sendero descendente.

Sin embargo, el calendario de ajustes de este mes introduce un factor de incertidumbre difícil de ignorar. Los trenes del AMBA registran una suba del 18%, mientras que el gas aumenta 5,6%. A eso se suman incrementos en prepagas (3,9%), peajes, internet y telefonía (3,5%), agua (3%), electricidad (2,5%) y combustibles y colectivos (2%).

En ese contexto, el Gobierno enfrenta una tensión central: intentar enfriar la inflación al mismo tiempo que avanza con la actualización de tarifas para sostener el ajuste fiscal.

Desde el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, mantienen la expectativa de que el traslado de estos aumentos sea acotado. En línea con esa visión, el funcionario afirmó en los últimos días que marzo habría sido «un pico» y que a partir de abril comenzaría una baja progresiva.

La estrategia oficial se apoya en la idea de corregir precios relativos atrasados. Según ese enfoque, una vez que se absorban los incrementos en tarifas, la inflación debería desacelerarse de manera más clara.

Pero del otro lado aparecen advertencias. Analistas privados ponen el foco no solo en el impacto directo de los aumentos, sino en cómo estos movimientos condicionan expectativas y alimentan nuevas remarcaciones.

Martín Burgos, director de la consultora Lado B, sostiene que las subas reguladas «le ponen un piso a la inflación futura». En esa línea, explica que «La inflación inercial es la tendencia de los precios a seguir aumentando a un ritmo similar al del pasado, impulsada por expectativas y mecanismos de indexación como contratos, salarios y alquileres».

El economista advierte que ese fenómeno ya empieza a reflejarse en las paritarias: «El techo de las paritarias pasó de aumentos del 1 por ciento mensual al 2 por ciento mensual». Y agrega que el Gobierno «debe revisar la idea de que la inflación arranque con 0 este año».

A esa presión interna se suman factores externos. Burgos señala posibles subas en commodities como la carne y el petróleo, que podrían trasladarse tanto a alimentos como a combustibles.

Una lectura distinta, aunque con puntos de contacto, plantea Guido Zack. Para el especialista, el eje del programa oficial no está puesto en una baja inmediata de la inflación, sino en el ordenamiento de las cuentas públicas.

«El plan del Gobierno no es bajar la inflación en el corto plazo», sostiene. En ese marco, interpreta que el recorte de subsidios en servicios como gas, luz, agua y transporte responde a la necesidad de sostener el equilibrio fiscal en un contexto de caída de la recaudación.

Zack remarca que «El equilibrio fiscal ayuda a bajar la inflación en el largo plazo, es una condición necesaria pero no suficiente». Y advierte que el proceso de recomposición tarifaria puede tener efectos contraproducentes en el corto plazo: «El Gobierno busca acomodar precios relativos y eso genera inflación en el corto plazo. Es inflación no monetaria».

La incógnita que atraviesa el escenario económico es si esta corrección logrará estabilizar los precios o si, por el contrario, terminará impulsando nuevas rondas de aumentos que prolonguen la inercia inflacionaria.

Fuente: LPO