Hace lo que quiere: Milei desoye la marcha y sostiene el ajuste mientras espera a la Corte

A menos de un día de la movilización federal que volvió a colmar las calles en defensa de la universidad pública, el Gobierno nacional dejó en claro que no modificará su política hacia el sector. Desde la gestión de Javier Milei insisten en desconocer la Ley de Financiamiento Universitario y en cuestionar el reclamo, al que califican como una acción partidaria.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, salió a marcar la postura oficial y relativizó el impacto de la protesta. “Pueden juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, afirmó, en línea con la estrategia de minimizar la masividad de la convocatoria.

El funcionario dejó entrever que la decisión del Ejecutivo no cambiará en el corto plazo y que la continuidad o no de la ley dependerá de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que debe pronunciarse sobre su validez.

Críticas a la movilización

Desde el oficialismo insistieron en presentar la marcha como una expresión opositora. “La marcha es política y está organizada por los partidos opositores”, sostuvo Álvarez, quien también cuestionó a dirigentes universitarios por su vinculación con espacios políticos.

En ese sentido, apuntó contra autoridades del sistema académico y reforzó la idea de que la protesta no responde a una demanda genuina del sector educativo sino a intereses partidarios.

El eje del ajuste

Otro de los argumentos reiterados por el Gobierno apunta contra la propia ley aprobada por el Congreso. Según Álvarez, la norma no puede aplicarse porque no establece de dónde saldrán los recursos necesarios.

“La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos. Si no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto”, explicó. Y fue más allá: “la Ley de Financiamiento Universitario nació muerta porque viola el primer principio, que es el presupuestario”.

Debate por el modelo universitario

El funcionario también puso en discusión pilares históricos de la educación pública, como el ingreso irrestricto. “El ingreso irrestricto tiene el problema que vos lo tenés que financiar”, planteó, al tiempo que deslizó la posibilidad de avanzar hacia cupos o incluso esquemas de arancelamiento.

En esa línea, expuso cifras sobre el costo de formación de profesionales que generaron rechazo en el ámbito académico. Afirmó que al Estado “le cuesta 50 millones de pesos” formar a un ingeniero y agregó que “si se reciben cinco o seis juntos, nos van a salir 4.300 millones de pesos”.

Además, introdujo cuestionamientos hacia la presencia de estudiantes extranjeros en las universidades públicas y sugirió la posibilidad de implementar mecanismos de ingreso más restrictivos.

Pese a las críticas recibidas, Álvarez defendió la postura oficial: “Que no nos acusen a nosotros de querer destruir el sistema universitario porque en realidad lo queremos salvar de quienes se aprovecharon de él y lo quieren llevar a la destrucción”.