Adornigate: un vecino declaró pagos en efectivo por US$21.000 en una casa de country

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo tras la declaración de un vecino que aseguró haber cobrado sumas importantes en dólares por el alquiler de una propiedad en un barrio privado.

El testigo, identificado como José Luis Rodríguez, declaró ante la Justicia y sostuvo que la familia del funcionario ocupó una vivienda suya durante 18 meses. Según su relato, el pago total alcanzó los 21.000 dólares y siempre se realizó en efectivo.

La versión judicial agrega presión a una causa que analiza la evolución patrimonial del funcionario, en paralelo a sus ingresos actuales, que rondan los 7,1 millones de pesos mensuales. El expediente busca determinar si existe correspondencia entre el nivel de gastos y los ingresos declarados.

Rodríguez también aportó detalles sobre etapas previas del vínculo contractual. Señaló que primero se acordaron dos meses de alquiler hacia fines de 2023 por unos 5.600 dólares, y luego una extensión informal por tres meses más, debido a demoras en la entrega de otra vivienda dentro del mismo barrio.

Esa segunda propiedad formaba parte de un proyecto de mudanza que todavía no estaba finalizado. En ese punto aparece otro de los elementos que analiza la causa: una casa comprada por 120.000 dólares que luego fue sometida a refacciones de mayor escala.

El contratista mencionado en el expediente, Matías Tabar, declaró haber recibido unos 245.000 dólares por remodelaciones realizadas entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Entre los trabajos figuran renovación de ambientes, mejoras estructurales y la construcción de una pileta con cascada.

Otro dato incorporado al expediente indica que, al momento de la compra de la vivienda, se habría firmado un préstamo no bancario por 100.000 dólares con dos mujeres policías, operación que quedó bajo análisis judicial.

La causa avanza bajo la órbita del fiscal Carlos Pollicita y el juez Ariel Lijo, quienes revisan el patrimonio del funcionario y el flujo de gastos asociados a propiedades, deudas y operaciones en dólares.

Según la reconstrucción judicial, el total de movimientos vinculados a inmuebles y financiamiento externo ya supera los 400.000 dólares, mientras que las deudas asociadas trepan por encima de los 330.000.