El Partido Justicialista (PJ), bajo la presidencia de Cristina Kirchner, ha emitido un comunicado enérgico rechazando el proyecto de ley conocido como «Ficha Limpia», que actualmente se debate en el Senado argentino. La iniciativa busca impedir que personas con condenas penales confirmadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública puedan postularse a cargos electivos. El PJ argumenta que esta ley es un intento de proscripción política dirigido específicamente contra su presidenta, quien enfrenta una condena en segunda instancia por la causa «Vialidad».
Según el comunicado, la ley es parte de una persecución sistemática que busca excluir a la exmandataria de la vida política. El PJ sostiene que la iniciativa es impulsada por sectores que históricamente han legislado en favor del poder económico y en contra de los intereses populares. Además, denuncia que esta medida es una operación de disciplinamiento disfrazada de moralidad institucional, que busca ensuciar la voluntad popular y debilitar la democracia argentina.
La sesión del Senado para debatir la ley de «Ficha Limpia» comenzó hoy a las 11.30, con la presencia de los senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezando la sesión. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y su aprobación en el Senado podría inhabilitar a Cristina Fernández de Kirchner para postularse a cargos públicos en las próximas elecciones.
El PJ concluye su comunicado afirmando que no hay república posible con una justicia al servicio del poder económico y que no hay democracia plena si se persigue a quien defiende al pueblo. El partido reafirma su compromiso con la defensa de los derechos democráticos y la participación política de todos los ciudadanos.
La ley de «Ficha Limpia» ha generado un intenso debate en el ámbito político argentino, con opiniones divididas sobre su constitucionalidad y su impacto en la participación política. Mientras algunos sectores la consideran una herramienta necesaria para combatir la corrupción, otros la ven como un instrumento de persecución política. La discusión en el Senado será clave para definir el futuro de esta controvertida iniciativa.
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