En la jornada en la que se realiza la cuarta marcha federal universitaria en todo el país, un nuevo informe vuelve a poner en foco el deterioro del financiamiento de las universidades nacionales, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la tensión política por la ley de financiamiento.
La movilización, convocada para este 12 de mayo con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en distintas ciudades, se desarrolla en un contexto de fuerte malestar en el sistema universitario, que reúne a docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y autoridades.
Caída del presupuesto y brecha con la ley de financiamiento
De acuerdo con el relevamiento al que pudo acceder Deuda Prometida, el presupuesto universitario registra una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025. Si se incorpora el presupuesto vigente proyectado para 2026, la baja se profundiza hasta el 41,6% respecto de 2023.
El informe contrasta este escenario con los efectos de la Ley de Financiamiento Universitario: de haberse aplicado, el presupuesto habría crecido 33,8% frente a 2025 y quedado 1,9% por encima del nivel de 2023.
En cambio, el esquema impulsado por el Gobierno proyecta una caída del 13,1% en relación a 2025 y del 33,9% respecto de 2023, lo que, según el documento, ampliaría el ajuste en el sector.
Salarios en retroceso y pérdida de poder adquisitivo
El impacto más fuerte se observa en los ingresos de docentes y no docentes. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el salario real cae 34,2%, con el mayor golpe concentrado entre fines de 2023 y mediados de 2024, cuando la pérdida llega al 23,1%.
Durante 2025, la tendencia negativa continúa con una baja adicional del 10,1%, lo que lleva la caída acumulada al 32,1% hacia diciembre de ese año.
El informe también detalla que, en abril de 2026, solo una parte reducida de los cargos más altos logra ubicarse por encima de la línea de pobreza, mientras que la mayoría de la planta docente permanece por debajo de ese umbral.
En el caso de la indigencia, la situación es más crítica: solo algunos cargos específicos logran superar ese nivel.
El conflicto por la ley y la judicialización
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en dos oportunidades por el Congreso y vetada también dos veces por el Poder Ejecutivo, quedó en un escenario de disputa judicial.
Tras la intervención de la Justicia, la definición final pasó a la Corte Suprema, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación efectiva mientras se mantiene el reclamo del sistema universitario.
Desde el sector académico advierten que la falta de ejecución de la norma profundiza el deterioro presupuestario y salarial en las casas de estudio.
La calle como punto de presión en una jornada clave
En este 12 de mayo, la marcha federal vuelve a concentrar uno de los conflictos sociales más extendidos de los últimos meses. Con universidades de todo el país movilizadas, la protesta se convierte en una demostración de fuerza del sistema universitario frente al ajuste y la falta de implementación de la ley.
Las consignas centrales giran en torno al financiamiento, la recomposición salarial y la defensa de la universidad pública como derecho.
En ese marco, el reclamo se expresa en simultáneo en todo el país, con actos, clases públicas y movilizaciones que buscan visibilizar la situación de un sistema que, según el informe, atraviesa uno de sus niveles más críticos de los últimos años.
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