El conflicto entre la administración de Javier Milei y el gobierno bonaerense de Axel Kicillof sumó un nuevo capítulo judicial. Esta vez, el revés lo sufrió el ministro de Economía, Luis Caputo: la Justicia provincial autorizó que las facturas de gas en territorio bonaerense vuelvan a incluir un fondo destinado al financiamiento de obras.
El Juzgado Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata hizo lugar a un pedido de la provincia de Buenos Aires y dictó una medida cautelar que obliga a restituir el cobro del Fondo Especial para Obras de Gas, creado por la ley provincial 8.474. La decisión beneficia a cooperativas y distribuidoras que operan en Buenos Aires y habían dejado de percibir el tributo por orden del gobierno nacional.
La resolución, firmada por la jueza María Ventura Martínez, habilita a empresas como Camuzzi Gas Pampeana, Litoral Gas, Naturgy y a varias cooperativas del interior bonaerense —entre ellas, las de San Bernardo, Henderson, Junín, Fátima, Abasto, Suipacha y Morse— a volver a aplicar el cargo del 4% en las boletas de gas.
Ese adicional había sido eliminado en octubre de 2024 tras disposiciones de la Secretaría de Industria y Comercio, bajo control de Caputo, y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Con la medida, el gobierno provincial dejó de recibir aproximadamente $40 millones destinados a obras de infraestructura gasífera.
En su fallo, la jueza sostuvo que “el derecho del gobierno provincial a exigir la continuidad de la actuación como agentes de recaudación a las distribuidoras, está suficientemente fundamentado en la vigencia y operatividad de la ley 8.474”. También remarcó que el sistema de cobro “jamás tuvo reproches constitucionales por parte de las distribuidoras ni de usuarios”, lo que configura “una práctica institucional sostenida”.
Aunque las compañías distribuidoras están bajo control nacional, su actividad se desarrolla dentro de la provincia, razón por la cual la medida judicial —dictada el 1° de abril— debe ser cumplida. Sin embargo, no alcanza a todas las empresas del sector, ya que aún resta que se resuelva una segunda presentación judicial. Además, el fallo no contempla la retroactividad del cobro, algo que el gobierno provincial ya anunció que reclamará por separado.
Desde el entorno de Kicillof interpretaron el recorte como una maniobra deliberada de la Casa Rosada para frenar obras en territorio bonaerense. “Hubo una decisión nacional de desfinanciar la ejecución de obras de gas”, acusaron. Por eso recurrieron a la Justicia, cuestionando lo que calificaron como “una arbitraria decisión por ilegítima e inconstitucional, violatoria de las competencias locales y del principio de autonomía provincial”.
El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, también fue contundente: “Este es el primer paso de una batalla que seguiremos dando porque lo que queda claro es el modo de gestionar del gobierno nacional: mediante una mera resolución de un funcionario, pretenden avasallar no sólo la jurisdicción provincial sino también lo resuelto por representantes del pueblo bonaerense en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”.
Desde su creación, el fondo permitió financiar redes en zonas sin conexión al sistema, como los gasoductos del Noroeste, Noreste, Sur y de la Costa. Con el fallo favorable, la provincia busca retomar ese tipo de obras.
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