¿Otro libertario con bienes no declarados? Piden la indagatoria del titular del ARCA

El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, quedó en el centro de una causa judicial que expone presuntas irregularidades en su patrimonio. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó que sea citado a indagatoria tras detectar omisiones en sus declaraciones juradas y movimientos financieros bajo sospecha.

El planteo del organismo, encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, sostiene que el funcionario no habría informado la existencia de tres inmuebles en Miami adquiridos a través de sociedades radicadas en el exterior. Según la investigación, esas estructuras incluyen firmas registradas en Panamá y una controlante en Islas Vírgenes Británicas, utilizadas como vehículo para canalizar inversiones inmobiliarias por más de 2 millones de dólares.

“Los elementos colectados a lo largo de la investigación lucen concordantes y suficientes como para concluir que Vázquez es el titular de las sociedades ‘Alcorta Corp.’, ‘Pompeya Group. Corp.’ y ‘Galanthus Capital Limited’, medios jurídicos que utilizó para canalizar y registrar bienes que usufructuaba junto a su familia”, señala el dictamen de la PIA.

La pesquisa también pone bajo la lupa el rol de esas compañías en la compra de departamentos en zonas exclusivas de Florida. Entre ellas, unidades en la avenida Brickell y una propiedad en Sunny Isles adquirida en 2015. Las firmas, de acuerdo al expediente, figuran a nombre de familiares directos del funcionario, aunque los investigadores consideran que él sería el beneficiario final.

“… de la abrumadora prueba recolectada se desprende claramente que el encausado Vázquez ejercía el animus domini (la propiedad efectiva) de los bienes que esas empresas poseen. Se encuentra en los registros como referente y su familia usufructúa los bienes y sociedades”, agrega el documento.

Además de la omisión en las declaraciones juradas, el dictamen advierte posibles delitos de mayor gravedad, como enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión fiscal. En ese marco, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó nuevas medidas para profundizar el análisis, incluyendo pedidos de información a bancos del exterior, organismos públicos y la embajada de Estados Unidos.

La PIA también detectó inconsistencias entre los ingresos declarados por Vázquez y el valor de las propiedades adquiridas. Según el informe, los fondos informados en sus cuentas no alcanzarían para justificar operaciones que superan ampliamente el millón de dólares.

“Del cotejo entre las disponibilidades financieras declaradas en los períodos fiscales 2012 y 2013, ingresos declarados por alquileres, salarios y dividendos, y el valor de adquisición de los dos inmuebles ubicados en Avenida Brickell —operación concretada en enero de 2013 por un monto aproximado de USD1.100.000— se advierte, como fruto de este análisis preliminar de lo recopilado hasta el momento, una manifiesta desproporción patrimonial, no registrándose capacidad económica suficiente que permita justificar el origen de los fondos aplicados a dicha adquisición”, advirtió la PIA.

Otra línea de investigación apunta a la utilización de una firma local, Consultora San Andrés, vinculada al propio funcionario. Según el expediente, esta sociedad habría intervenido en operaciones inmobiliarias y compra de vehículos sin contar con estructura operativa real, lo que refuerza la hipótesis de maniobras para disimular incrementos patrimoniales.

“En conjunto, los elementos reseñados permiten hacer una prospección dentro de la cual se encuentra la posible existencia de un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos orientado a conferir apariencia lícita al producto de dádivas indebidas, mediante la utilización instrumental de una persona jurídica controlada por el propio funcionario”, concluyó Rodríguez.

Mientras desde el Gobierno salieron a respaldar a Vázquez y recordaron un sobreseimiento previo en otra causa, la Justicia avanza con nuevas pruebas para determinar el alcance de las maniobras. La definición sobre su citación a indagatoria quedará en manos del juez en las próximas semanas.