La Justicia avanzó contra la cadena de supermercados Día Argentina S.A. al dictar su procesamiento en una investigación por presunta evasión de aportes a la seguridad social. La medida incluyó además un embargo por $800 millones, en el marco de un expediente que indaga maniobras vinculadas al uso de franquicias, concesiones y consignaciones.
La resolución quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, que analiza un total de 34 hechos ocurridos entre 2015 y 2018. Según la hipótesis judicial, estos esquemas comerciales habrían servido para encubrir relaciones laborales y evitar el pago de cargas previsionales.
En el fallo, el juez Pablo Yadarola dispuso: “DECRETAR EL PROCESAMIENTO de la firma DIA ARGENTINA S.A.” y “TRABAR EMBARGO sobre el dinero o los bienes de DIA ARGENTINA S.A., hasta cubrir la suma de $800.000.000”.
La investigación distingue distintos períodos en los que se habrían registrado irregularidades. Por un lado, se analizan presuntos casos de evasión previsional simple, con montos superiores a $7 millones mensuales. Por otro, se incluyen situaciones calificadas como agravadas, en las que se habría recurrido a terceros interpuestos, con cifras que superan los $14 millones en determinados meses.
El expediente pone el foco en la relación entre la empresa y los supuestos franquiciados. Para la Justicia, el punto clave consiste en determinar si esos actores operaban con independencia real o si, en la práctica, respondían a directivas de la compañía.
Entre las pruebas relevadas aparecen cruces de datos laborales y fiscales, testimonios, intervenciones telefónicas y el análisis de más de 20.000 correos electrónicos. De ese material surgirían indicios de participación directa de áreas internas de la empresa en decisiones vinculadas al personal, como contrataciones, evaluaciones y desvinculaciones.
Otro dato relevante surge del cruce de nóminas: más de 2200 trabajadores habrían prestado servicios para distintos franquiciados, lo que, para la acusación, refuerza la idea de una estructura centralizada. En total, la fiscalización abarcó a más de 13.000 trabajadores y más de 1000 operadores bajo el esquema de franquicias.
El fallo también menciona herramientas internas de gestión, como un sistema que permitía modificar precios y stock de manera remota, además de mecanismos de control sobre la recaudación, tanto en efectivo como por medios electrónicos.
Para fijar el embargo, el juzgado tomó en cuenta montos ajustados por fiscalización que superan los $579 millones, a lo que se suman posibles multas y costos del proceso.
Desde la empresa rechazaron las acusaciones y aseguraron que “cumple con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales conforme a la normativa vigente”. También remarcaron que el expediente se encuentra en una etapa inicial y que “no existe al momento ninguna resolución definitiva”.
Además, señalaron que cuentan con sistemas de control interno y que colaboran con la Justicia en el suministro de información requerida.
La defensa había pedido el sobreseimiento o, en su defecto, la falta de mérito, pero ambos planteos fueron descartados. El procesamiento no implica una condena, aunque habilita la continuidad de la causa penal.
Te puede interesar también...
-
Jorge Macri dio de baja el programa “Veredas Limpias” y dejó sin trabajo a 5.000 personas
-
El que calla otorga: Spagnuolo evitó declarar por las coimas en ANDIS
-
Más de 12 mil pymes ya se sumaron al nuevo régimen de ARBA que evita acumular saldos a favor en Ingresos Brutos
-
YPF y Santander lanzan la remuneración de saldos en cuenta dentro de la App YPF
-
Aumentan los riesgos por menores controles y el achique del Estado en áreas sensibles