Aumentan los riesgos por menores controles y el achique del Estado en áreas sensibles

La crisis en organismos clave del Estado empieza a mostrar efectos concretos. No se trata solo de números o recortes abstractos: la reducción de capacidades operativas en áreas sensibles como sanidad agroalimentaria y control aéreo ya impacta en la vida cotidiana, en la economía y, sobre todo, en los márgenes de riesgo que, por ahora, el país tolera.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la secretaria General Adjunta, Mercedes Cabezas, advierte que el conflicto en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) «no sólo continúa, sino que se agrava. La falta de personal, especialmente de profesionales, limita la capacidad de control en un organismo que es clave tanto para las exportaciones como para la seguridad alimentaria interna». El dato no es menor: con menos trabajadores, el Estado controla menos. Y cuando el Estado controla menos en materia sanitaria, los riesgos crecen.

Cabezas lo planteó sin rodeos. «La aparición de episodios como la gripe aviar en Río Negro o enfermedades similares a la ‘vaca loca‘ expone un sistema que funciona al límite. En esos casos, los protocolos obligan a medidas drásticas, como el sacrificio total de animales, con impacto directo en economías regionales. Sectores como el textil, ligados a la producción ovina, ya advierten que un escenario de ese tipo puede implicar cierres«, advierte en Diálogo con Deuda Prometida.

Pero el problema no termina ahí. El deterioro de los controles también tiene consecuencias hacia adentro. «Un cargamento de carne rechazado por China por contener un antibiótico prohibido desde hace décadas es apenas la punta del iceberg«, sostiene la dirigenta. Ese tipo de situaciones se detectan cuando hay comercio exterior. En el mercado interno, en cambio, el margen de opacidad crece. La pregunta que sobrevuela es incómoda: qué pasa con lo que no se controla.

«En un contexto social marcado por la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida, la posibilidad de circulación de alimentos sin controles adecuados suma un factor de riesgo sanitario. La combinación entre menor fiscalización y una población con defensas debilitadas configura un escenario delicado, donde una zoonosis o una enfermedad transmitida por alimentos puede escalar más rápido de lo previsto», señala Cabezas.

A eso se suma otro elemento de preocupación: «la intención de trasladar los controles a provincias y municipios sin financiamiento. Lejos de fortalecer el sistema, la medida podría fragmentarlo aún más, generando estándares desiguales según la capacidad de cada jurisdicción», advierte la secretaria General Adjunta de ATE.

La lógica de fondo es clara: un Estado nacional que se retira y deja en manos locales responsabilidades críticas, sin recursos que acompañen.

El conflicto no se limita al SENASA. En la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la situación presenta otra cara del mismo problema. Marcelo Belelli, coordinador de ATE en el organismo, consigna que no hubo avances tras el último paro y que el reclamo por un acuerdo salarial retrotraído de forma unilateral sigue sin respuesta.

En paralelo, describe un escenario de desgaste progresivo: «no hubo despidos masivos, pero sí desinversión. Menos incorporación de personal, falta de reemplazos ante jubilaciones y déficit en recursos operativos como vehículos», cuestionó el dirigente sindical en diálogo con Deuda Prometida. «Todo esto ocurre mientras el propio Gobierno promueve un aumento del tráfico aéreo. Más vuelos, más pasajeros, pero menos capacidad estatal para controlar y sostener ese crecimiento«, añade.

La ecuación es, otra vez, desequilibrada. Sin respuestas en la mesa de negociación y con una conciliación obligatoria sin fecha de audiencia, desde ATE ya anticipan nuevas medidas de fuerza. Un paro en aeropuertos aparece en el horizonte inmediato.

Lo que se acumula, en definitiva, no es solo conflicto sindical. Es una tensión más profunda sobre el rol del Estado en áreas estratégicas. Menos controles, menos inversión y menos presencia en sectores sensibles no solo reconfiguran la gestión pública: redefinen los riesgos que la sociedad queda obligada a asumir.