El Gobierno dio un nuevo paso en su política de desprendimiento de empresas públicas y habilitó la instancia decisiva para vender parte de Energía Argentina S.A. (ENARSA). La operación apunta a transferir acciones en una sociedad estratégica vinculada al sistema eléctrico nacional, en una jugada que refuerza el rumbo privatizador de la gestión.
La medida se formalizó con la Resolución 540/2026 del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, que validó las propuestas técnicas presentadas por tres oferentes y los habilitó a competir en la etapa económica.
Tres jugadores en la recta final
Las compañías que siguen en carrera son Central Puerto S.A., Edenor S.A. y un consorcio integrado por Edison Transmisión S.A. junto a Genneia S.A.. Todas cumplieron los requisitos técnicos y administrativos exigidos en el pliego oficial.
La próxima instancia será determinante: la apertura de las ofertas económicas se realizará el 28 de abril a través del sistema CONTRAT.AR. Allí se definirá quién se queda con una porción clave del negocio.
Qué está en juego
La operación incluye la venta del 50% de las acciones que ENARSA posee en Citelec S.A., firma que a su vez controla el 52,65% de Transener. Esta última administra la red de alta tensión que distribuye electricidad a nivel nacional, lo que la convierte en un engranaje central del sistema energético.
El proceso había sido habilitado por el Decreto 286/2025, que estableció un esquema de reorganización de activos con el argumento de asegurar la continuidad del servicio mientras se avanzaba en la transferencia al sector privado.
El argumento oficial
Desde el área energética ya habían defendido la iniciativa el año pasado con un diagnóstico crítico sobre el rol estatal: «Durante años, ENARSA requirió transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no logró resultados eficientes ni en calidad de servicio ni en administración. Este proceso apunta a ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades clave como la transmisión eléctrica».
En la misma línea, agregaron: «La medida busca mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos. El sector privado no solo puede hacerlo mejor, sino que además es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación».
Mientras el Gobierno acelera el traspaso de activos estratégicos, crecen las discusiones sobre el impacto de estas decisiones en un sector sensible, donde el rol del Estado históricamente funcionó como garante del acceso y la estabilidad del servicio.
Te puede interesar también...
-
Sigue el negacionismo: Milei relativizó el impacto de la crisis y reivindicó su modelo
-
Fuerte desgaste para Milei: la mayoría ya lo ubica dentro de la «casta»
-
Un intento de poder sindical y socios investigados por narcotráfico: el pasado que incomoda a Adorni
-
Renunció un funcionario libertario por bienes no declarados en Estados Unidos
-
La soberanía eminente: la Corte Suprema y la política argentina