La provincia de La Rioja dio un nuevo paso en la ampliación de derechos de las mujeres y diversidades. El gobernador, Ricardo Quintela, creó licencias laborales para víctimas de violencia de género dentro de la administración pública provincial.
Mediante decreto reglamentario al que tuvo acceso DeudaPrometida.com, el Ejecutivo riojano define la violencia de género como toda “acción u omisión que, de manera directa o indirecta tanto en el ámbito público como privado basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial como así también su seguridad personal”.
Esta normativa permitirá que mujeres y diversidad que trabajen en el Estado provincial podrán solicitar licencia por violencia de género. La incorporación de este tipo de licencias quedó establecida en el decreto reglamentario, rubricado el viernes pasado por el gobernador, del artículo 48, inc. q de la ley N°3870.
La Secretaría de la Mujer y Diversidad será el organismo de aplicación de estas licencias que tendrán carácter especial, podrán ser solicitadas de forma presencial, por sobre cerrado o de manera digital. La persona que solicite la licencia deberá presentar la denuncia y en caso de no haberla realizada contará con un plazo de 48 horas para completar este requisito. No afectará la remuneración ni eliminará, ni compensará aquellas otras licencias establecidas en la legislación vigente.
Karen Navarro, secretaria de la Mujer y Diversidadexplicó a La Red que “el primer objetivo que tienen es poder establecer un circuito y un procedimiento efectivo, que obviamente no vulnere la confidencialidad y que genere la posibilidad de tener organismos en situación de asistencia y de protección de personas en situación de violencia, y que además esas personas puedan tener el permiso laboral, obviamente justificado”.
“Es dar la posibilidad de sincerar que pasa con las situaciones de violencia de género también en el ámbito público ya que históricamente las personas tuvieron que solicitar licencia por carpeta psiquiátrica o por alguna enfermedad específica, no sincerando así los padecimientos por violencias”, planteó Navarro. “Esto es dar respuesta efectiva desde los organismos del Estado”, explicó.
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