La causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles nuevas declaraciones clave en los tribunales de Comodoro Py. Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes participaron en la venta de un departamento al funcionario, dieron su versión ante la Justicia en calidad de testigos.
Durante la audiencia, ambas mujeres entregaron sus teléfonos celulares para que los peritos puedan analizar comunicaciones vinculadas al expediente, incluyendo llamadas, mensajes y correos electrónicos.
Según trascendió de fuentes judiciales, Viegas aseguró que no tenía vínculo previo con Adorni y que toda la operación estuvo en manos de su hijo, Pablo Martín Feijoo, junto a un socio. “Solo lo vi el día de la escritura”, afirmó. Feijoo, señalado también por la escribana como nexo con el funcionario, deberá presentarse a declarar la próxima semana.
Por su parte, Sbabo indicó que la negociación fue llevada adelante por su hijastro, Leandro Miano, en conjunto con el propio Feijoo. Sostuvo además que el dinero que utilizó para adquirir su parte del inmueble provenía de ahorros personales y que percibe una jubilación mensual de 350 mil pesos.
Una compra con condiciones llamativas
El departamento en cuestión, ubicado en la calle Miró, fue adquirido por Adorni en noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares. Sin embargo, de acuerdo a lo detallado por la escribana Adriana Nechevenko, las vendedoras aceptaron cobrar solo 30 mil dólares al momento de la operación y financiar los 200 mil restantes sin aplicar intereses, con vencimiento a un año.
Ese mismo inmueble había sido comprado apenas tres meses antes por las propias Viegas y Sbabo al ex futbolista Hugo Morales, quien declaró haberlo vendido en 200 mil dólares.
Préstamos y deudas bajo la lupa
La investigación también abarca otras operaciones financieras del funcionario. Días atrás, declararon Graciela Molina, comisaria retirada, y su hija Victoria María José Cancio, contadora en la Policía, quienes aseguraron haberle prestado 100 mil dólares a Adorni mediante un acuerdo respaldado por una propiedad.
Según indicaron, el funcionario ya devolvió una parte del dinero, pero mantiene una deuda de 70 mil dólares más intereses, con un plazo de siete meses para cancelarla.
En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita aguarda información solicitada a distintos organismos luego de que el juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa. Esa medida apunta a reconstruir en detalle los movimientos patrimoniales, ingresos y gastos del entorno del funcionario en el marco de la causa.
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