La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió copia de al menos cuatro cartas documentos que fueron enviadas al Secretario de Trabajo, Julio Cordero. Les reclaman que decrete la intervención de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y nombre a un delegado normalizador. Las presentaciones hacen eje en la investigación de la justicia penal sobre José Voytenco.
El Movimiento de Recuperación de la UATRE empezó a activar una serie de notificaciones formales a la Secretaría de Trabajo de la Nación, a las que accedió DeudaPrometida.com. Le pide abiertamente que se intervenga el gremio, que se corra a las autoridades y que se designe en su lugar a un delegado normalizador.
Las intimaciones reclaman que «proceda en forma inmediata a separar a las autoridades de la UATRE, designando de forma provisoria un delegado normalizador, hasta que culmine la investigación en trámite ante la Justicia Federal» que se le sigue a José Voytenco, el actual titular del gremio por el manejo de los recursos del sindicato, por el cual actualmente está imputado y es investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Además recuerdan que la propia Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS) suspendió a fines de noviembre el Congreso Anual Ordinario del gremio porque existen casi dos decenas de elecciones de seccionales sin resolver, en la práctica con trámites de impugnación sin saldar, por lo tanto no pudo acreditarse la legalidad y la legitimidad de los congresales citados. En la misma misiva se le avisa a Cordero que en caso de dilatar la definición sobre la cuestión podrían denunciarlo penalmente por la posible comisión de delitos de tráfico de influencias.
Denuncian entramado judicial y empresarial
Un pedido de intervención adicional presentado contra el sindicalista José Voytenco, secretario general de la UATRE, expone presuntas irregularidades en el manejo de la hotelería sindical. La denuncia señala un esquema de sostenimiento compuesto por el juez Juan José Baric, quien habría avalado decisiones judiciales cuestionables, y un vínculo con la empresa El Surco, que forma parte del entramado señalado.
En el documento, al que tuvo acceso este medio, denuncia supuestas maniobras financieras y administrativas que afectarían el patrimonio de la UATRE, incluyendo la utilización de los hoteles sindicales para fines que no benefician a los afiliados. Según el texto dirigido a Cordero, el juez Baric habría sido clave en la validación de actos que permiten a Voytenco continuar al frente del gremio pese a los cuestionamientos.
La empresa El Surco también es señalada como parte del esquema que apuntalaría a Voytenco. Se acusa al empresario vinculado de ser un operador clave en el control del circuito económico que incluye contratos, tercerizaciones y otras operaciones relacionadas con los recursos de UATRE. La solicitud de intervención busca frenar lo que describe como un deterioro institucional del sindicato y garantizar que los recursos se orienten al beneficio de sus trabajadores, sin injerencias de intereses externos ni judiciales.
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