La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, dispusieron hoy la creación de una Comisión Permanente de Trabajo y Asistencia Técnica. El objetivo es implementar estándares de habilitación y supervisión de servicios de salud mental–
La comisión estará conformada por representantes designados por el Ministerio de Salud y por la Secretaría de Derechos Humanos para trabajar con las 24 jurisdicciones del país en el desarrollo de estándares de habilitación, supervisión, acreditación, certificación, monitoreo, auditoría, fiscalización y evaluación de los servicios de salud mental públicos y privados.
Vizzotti explicó que «es una decisión política del gobierno nacional garantizar derechos a quienes tienen padecimientos en salud mental«. En un comunicado, destacó que «esta resolución conjunta es parte de la estrategia federal que da cumplimiento al artículo 34 de la Ley de Nacional de Salud Mental«.
Ese artículo de la ley 26.657 indica que «la Autoridad de Aplicación debe promover, en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos y con la colaboración de las jurisdicciones, el desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados».
«La tarea de la Comisión permitirá instrumentar un seguimiento efectivo de los servicios y establecimientos vinculados a la salud mental, monitorear la vigencia de parámetros adecuados y mejorar el control del cumplimiento de los derechos de las personas con padecimientos mentales en todo el territorio nacional», destacó el ministro Soria.
Las propuestas elaboradas por la comisión serán elevadas para su aprobación a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud y deberán garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Ley Nacional de Salud Mental. La misma, busca asegurar el derecho a la protección de la salud mental de las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con algún padecimiento mental.
Los datos sobre la salud mental
La Comisión estará integrada por profesionales idóneos en la materia, con reconocidos antecedentes vinculados al campo de la salud, la salud mental y los derechos humanos. Estas modificaciones se dan en un contexto internacional donde, según detalló ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada ocho personas convive con una enfermedad mental en el mundo.
Ante este dato, la OMS instó a todos los países a invertir más en salud mental, porque «el sufrimiento es enorme» y se acrecentó con la pandemia de coronavirus. Incluso antes de la Covid-19, casi mil millones de personas vivían con un trastorno mental, indicó la agencia de la ONU, en un informe sobre la situación de la salud mental del mundo.
Sin embargo, sólo un 2% de los presupuestos nacionales de salud y menos del 1% de toda la ayuda internacional está dedicada a la salud mental, destacó el informe de la OMS, con sede en Ginebra, Suiza.
En Argentina, 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años. Las problemáticas más frecuentes son los trastornos de ansiedad, el estado de ánimo y los problemas por consumo de sustancias, según datos de la Universidad de Buenos Aires, OMS y el Ministerio de Salud del año 2015.
Nuevas directrices
El Ministerio de Salud aprobó el miércoles nuevas directrices para la organización y funcionamiento de los servicios de salud mental y la grilla de categorización, y dio curso a los requisitos de acreditación del personal directivo y las condiciones para la modalidad de teleasistencia, incorporándolas al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica.
Estas medidas dispuestas en la resolución 1178/2022, publicada ese día en el Boletín Oficial, tienen como objetivo «proporcionar recomendaciones que orienten la elaboración y adecuación de las normas de habilitación jurisdiccionales en establecimientos de salud mental y adicciones públicos, privados y de la seguridad social».
Al respecto, la secretaria ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental del Ministerio, María Graciela Iglesias, remarcó que dicha resolución implica «un cambio sustancial» para los servicios de salud mental y destacó que se enmarca en el objetivo de diseñar «un sistema de atención de cuidados continuos».
«La idea es brindar una atención primaria y continua, con centralidad en las personas, según lo dispuesto por la Ley de Salud Mental», dijo Iglesias según consigna la Agencia Télam.
En el primer foro de Salud Mental para la articulación entre investigación y políticas públicas, celebrado el mismo miércoles en el Centro Cultural Kirchner, analizó resultados de investigaciones que aporten evidencia para el diseño de políticas públicas, en el marco de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental.
«Necesitamos de toda la información de sus investigaciones para transformarlas en acciones y generar políticas públicas», dijo Vizzotti entonces y resaltó la decisión del presidente Alberto Fernández de avanzar en la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental.
La Dirección Nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos destacó que «el padecimiento mental no es irreversible: puede afectar de modo parcial y transitorio la vida de una persona, pero con el apoyo comunitario necesario la recuperación es posible». Las personas con padecimiento mental «no son ni violentas, ni peligrosas, sino que la presencia de violencia está más relacionada con el desamparo y el aislamiento social».
Eva Jané Llopis, representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), sostuvo en una columna de opinión que «la Ley Nacional de Salud Mental de Argentina, cumple con estándares internacionales y está alineada con el Plan de Acción en Salud Mental de la OPS/OMS«.
Llopis agregó que nuestra ley «busca promover una mejor inserción de las personas con padecimiento mental y un cambio del modelo de atención desde los hospitales monovalentes hacia su reemplazo por sistemas de atención comunitaria».
Recordó que «no solo cumple con los estándares más destacados, sino que fue la primera que en la Región siguió principios claves en materia de derechos humanos».
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