En medio de las amenazas en escuelas, el Gobierno flexibiliza la tenencia de armas

En un escenario atravesado por advertencias de posibles tiroteos en instituciones educativas y tras un ataque fatal en San Cristóbal, el Gobierno nacional avanzó con una modificación del régimen que regula el acceso, la tenencia y la portación de armas de fuego. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 306/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La iniciativa redefine aspectos centrales de la Ley 20.429 bajo el argumento de adecuar la normativa vigente a criterios constitucionales. En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que el esquema anterior imponía «limitaciones irrazonables o desproporcionadas», por lo que busca «armonizar el régimen con los principios y garantías de la Constitución Nacional».

Entre los principales cambios aparece una reorganización de las categorías de armas y materiales controlados. El decreto delimita con mayor precisión cuáles quedan prohibidos —como los dispositivos capaces de convertir armas semiautomáticas en automáticas o ciertas municiones especiales— y extiende esa restricción a todas las instancias: adquisición, traslado, uso e importación.

A la par, se fijan nuevas condiciones para los elementos de uso civil condicional, como los supresores de sonido o equipos de visión nocturna, que pasan a tener un marco más específico de autorización bajo la órbita del Registro Nacional de Armas.

En cuanto a los requisitos para obtener la condición de legítimo usuario, la normativa mantiene la exigencia de evaluaciones físicas y psicológicas, certificación de identidad, ausencia de antecedentes penales y acreditación de conocimientos en el manejo de armas mediante instructores habilitados. Sin embargo, el Gobierno apunta a simplificar procedimientos administrativos y agilizar los tiempos de gestión.

Otro de los ejes es el fortalecimiento de las facultades del organismo de control, que ahora podrá definir autorizaciones y analizar pedidos de portación en base a criterios técnicos y evaluaciones de riesgo. En todos los casos, la portación deberá justificarse y tendrá carácter temporal.

El decreto también introduce modificaciones en situaciones de herencia: los familiares podrán registrar armas sin necesidad de una declaratoria judicial previa, siempre que acrediten el vínculo con el titular fallecido. Según el oficialismo, el objetivo es evitar que estos elementos queden fuera del circuito legal.

«Así se elimina un vacío que favorecía la circulación de armas sin registro. Cabe destacar que los tipos de armas habilitadas para tenencia y portación no se modifican. Solo se incorpora la posibilidad de que usuarios usuarios habilitados tengan en su domicilio elementos de protección personal como cascos y placas balísticas», explicó este lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La actualización también contempla la digitalización de los registros, lo que permitiría controles más rápidos sobre los usuarios y la eventual inhabilitación automática ante incumplimientos. En paralelo, el Gobierno continúa con una política de desregulación en materia de armas que genera debate en un contexto marcado por episodios recientes de violencia y amenazas en escuelas.