Contrato a dedo: señalan a Sturzenegger por favorecer a su esposa en una millonaria adjudicación

El nombre del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, vuelve a quedar en el centro de la polémica tras conocerse un correo interno de la Cancillería que sugiere un direccionamiento en una contratación pública. La adjudicación terminó en manos de una firma vinculada a su esposa, María Josefina Rouillet.

El caso surge a partir de una investigación televisiva que expuso un intercambio dentro del Palacio San Martín. Allí, un funcionario jerárquico instruye a una empleada a avanzar con un proceso que, según los indicios, ya estaba encaminado desde meses antes de su publicación oficial.

El mensaje, enviado a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), muestra al coordinador de Compras y Contrataciones, Mariano Méndez, dándole indicaciones a su subordinada, Luciana Cagnolisu: “Lu, favor tramitar la convocatoria, conforme la que preparamos al inicio del año”.

Esa frase resulta clave, ya que deja entrever que los lineamientos del concurso estaban definidos con anterioridad al llamado formal. La licitación se publicó recién el 4 de diciembre de 2025 en la plataforma COMPR.AR, pero los requisitos habrían sido diseñados de manera tal que solo una empresa pudiera cumplirlos.

La beneficiaria fue la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por Rouillet, que obtuvo un contrato por $114.044.133 para brindar cursos de inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. El acuerdo tiene una duración de nueve meses y contempla la posibilidad de extenderse por un período similar.

El mecanismo utilizado fue una “Adjudicación Simple por Especialidad”, una modalidad que ya había despertado cuestionamientos. Debido al vínculo directo entre la adjudicataria y el ministro, el expediente activó controles específicos de integridad, con intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación.

Aun con esas instancias formales, el contenido del correo ahora pone el foco en el origen del proceso y en cómo se definieron las condiciones de la convocatoria. La sospecha central gira en torno a si existió una estructura previa destinada a garantizar que no hubiera competencia real en la licitación.