Represión a jubilados: la Justicia ordena investigar el protocolo Bullrich

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso reactivar la investigación por la violenta intervención policial contra un jubilado durante una protesta en octubre, en un fallo que pone en tensión la política de seguridad impulsada por el Gobierno. El máximo tribunal penal entendió que el caso no puede cerrarse sin un análisis profundo de los hechos y remarcó la necesidad de revisar el accionar de las fuerzas en manifestaciones sociales.

El episodio tuvo como víctima a Egidio Contreras, de 75 años, quien terminó con una fractura tras ser reducido por efectivos de la Policía Federal mientras participaba de una movilización en el centro porteño. El hecho quedó registrado en imágenes que circularon ampliamente y motivaron una denuncia impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria.

Pese a la gravedad del caso, la causa había sido archivada en primera instancia por decisión judicial, luego de que el fiscal Eduardo Taiano considerara que no existía delito. Esa postura fue convalidada por la Cámara Federal, que interpretó que la actuación policial había sido adecuada.

Sin embargo, la intervención del fiscal ante Casación, Javier de Luca, cambió el rumbo del expediente. El funcionario sostuvo que el uso de la fuerza solo puede justificarse si respeta criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, condiciones que —según su análisis— no aparecen en este caso.

Al revisar el expediente, los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma coincidieron en que la investigación no puede darse por cerrada. En su voto, Slokar cuestionó con dureza el accionar estatal y alertó sobre un deterioro institucional: “La fuerza pública debió ser utilizada para que no se impidiera el ejercicio de las libertades que comprometía el reclamo social, jamás para su irrazonable represión”.

El magistrado también advirtió que lo ocurrido no puede analizarse de manera aislada, sino en el marco de un esquema más amplio de control social. “El mecanismo empleado se inscribe en la realización de niveles crecientes de excepcionalidad jurídica inconciliables con el imperio de una democracia constitucional y la vigencia irrestricta de los derechos humanos –más aún de colectivos esencialmente vulnerables–, en tanto amenaza a la convivencia pacífica basada en los valores de la libertad, el respeto y el disenso”, señaló.

En esa línea, Slokar describió un patrón preocupante en el uso de la fuerza estatal: “donde la deshumanización y la crueldad –categorías jurídicas constitucionalmente prohibidas de modo expreso– se presentan lamentablemente de modo recurrente”.

Además, el juez apuntó contra la falta de respuesta judicial en este tipo de situaciones y sus consecuencias sobre la vida democrática. “De admitirse el mentado escenario de silencio judicial, se instituye una barrera simbólica que suprime la libre expresión y la petición ante las autoridades, violentando de este modo el núcleo esencial de las garantías constitucionales y convencionales en juego”.

El fallo también tomó en cuenta la situación particular de la víctima, al tratarse de un adulto mayor, un grupo que cuenta con protección especial en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos.

La decisión de Casación llega en un contexto de crecientes cuestionamientos a la política de seguridad nacional. Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había manifestado preocupación por la represión de protestas pacíficas y por posibles afectaciones a la independencia judicial.

En paralelo, la Corte Suprema se prepara para intervenir en la discusión sobre el protocolo antipiquetes, una de las principales herramientas del Gobierno para regular las manifestaciones en el espacio público. El debate promete escalar y sumar un nuevo capítulo en la disputa por los límites del accionar estatal frente a la protesta social.