Mientras persiste la recesión y se desploman los ingresos reales de la mayoría de los argentinos, el ministro Luis Caputo avanzó con una nueva estrategia de endeudamiento interno. Este martes, el Palacio de Hacienda formalizó la colocación de títulos públicos por más de 6,5 billones de pesos, una cifra récord que busca cubrir las necesidades financieras inmediatas del Tesoro. La medida quedó oficializada mediante la Resolución Conjunta 26/2025 publicada en el Boletín Oficial.
El paquete incluye la emisión de una nueva Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos (LECAP), que vencerá el 10 de julio del año próximo y permitirá captar hasta 5 billones de pesos. Según Economía, esta letra devengará una tasa de interés efectiva mensual y se colocará por medio de licitación.
A su vez, se amplió la emisión de dos títulos ya vigentes: una LECAP con vencimiento en agosto de 2025, que podrá extenderse en hasta 946.525 millones de pesos, y un Bono del Tesoro a tasa fija con vencimiento en 2030 (BONCAP), cuyo tope de colocación adicional se fijó en 650.000 millones de pesos. Este último podrá ser suscripto por inversores tanto locales como del exterior.
Los tres instrumentos forman parte del esquema de financiamiento anunciado la semana pasada por la Secretaría de Finanzas. En ese marco, también se había anticipado una colocación mensual de un BONTE en dólares por hasta 1.000 millones, en un contexto donde las reservas del Banco Central siguen en niveles críticos.
Bopreal para pagar impuestos
En paralelo a esta nueva ronda de colocaciones, el Gobierno oficializó otra decisión que beneficia a grandes tenedores de bonos: el uso del Bopreal para cancelar impuestos y deudas aduaneras. A través del Decreto 384/2025, se autorizó la utilización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), emitidos por el Banco Central, para el pago de tributos nacionales y obligaciones con el fisco.
La medida alcanza a los títulos Serie 4, que se emiten en dólares desde este martes 17 de junio hasta el 30 de septiembre de 2025. Estos instrumentos podrán aplicarse para saldar deudas, intereses, multas y cargos asociados, bajo la supervisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dependiente del Ministerio de Economía.
El decreto establece que los bonos serán transferibles y se aceptarán para pagos al valor técnico, con un límite global de hasta 1.000 millones de dólares. Este beneficio estará disponible hasta el 31 de octubre de 2028, consolidando un esquema que apunta a facilitar la regularización fiscal de los contribuyentes con más espalda financiera, mientras se restringe el gasto público en otras áreas clave.
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