21 de julio de 2024

Vicentin puede pagar sueldos y gastos hasta febrero próximo

Los síndicos del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin y los interventores de la compañía presentaron un primer informe al juez del caso, que en septiembre dictó el “salvataje” de la empresa, en el que afirman que se podrán pagar salarios y gastos de mantenimiento hasta febrero de 2024.

“Del análisis de ese test ácido se desprende que la caja permitiría atender las obligaciones derivadas de la gestión (sueldos, servicios, mantenimiento, y fazones, entre otras) hasta el mes de febrero de 2024, sin perjuicio de las diferentes variables que se detallan”, sostiene el informe entregado al juez civil y comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini.

El informe se hizo público mientras la Cámara Civil y Comercial de Reconquista tiene a su resolución la apelación de Vicentin al fallo de Lorenzini, quien no homologó la propuesta concursal de pago de las acreencias y abrió el período de concurrencia o cramdown.

El trabajo lleva las firmas de Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg, interventor y subinterventor de la empresa. También de los tres integrantes de la sindicatura del concurso, Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut, quienes en mayo pasado fueron imputados junto a 12 directivos de la Vicentin por conformar una asociación ilícita destinada a defraudar y estafar a los acreedores.

Los síndicos y los interventores sostienen en el informe que de acuerdo a su análisis, Vicentin tiene recursos para hacer frente a sus responsabilidades hasta febrero del próximo año.

“Existen circunstancias que pueden alterar –favorable o desfavorablemente- la relación de tiempo indicada, tales como los aumentos de ingresos por celebración de nuevos contratos de fazón para el año 2024, mejora en los márgenes de producción, aumento de costos e insumos, resultado de negociaciones paritarias, levantamiento o no de la cautelar despachada en favor del BCRA, entre otros factores”, añaden en el trabajo entregado al juez Lorenzini. Y agregan que “es trascendente en esta etapa una eventual renegociación de la deuda con Renova S.A”, la planta de molienda en la que Vicentin es socia de la exGlencore, ahora Viterra Argentina.

El informe explica que como consecuencia de la sequía y la disminución de la molienda y procesamiento de soja, la concursada vio disminuidas sus posibilidades.

“Las circunstancias productivas que se verifican para la industria de la molienda de granos en general que reflejan una notable disminución –efecto sequía, principalmente– de los ingresos futuros, lo que, de mantenerse, afectará la cobertura del pago de salarios y leyes sociales que necesariamente debe ser atendida por la ‘caja’ existente y que, en el escenario proyectado se perdería tornando la continuación y conservación de la empresa en inviable”, afirma el documento.

También añade: “Estas circunstancias podrán afectar el pago normal de salarios de la planta de personal y sus cargas sociales, y otros egresos relacionados directamente con la gestión de la continuación de la ‘empresa viable’, uno de los principios fundantes de los procesos de insolvencia”.

El informe de los interventores y la Sindicatura se conoce cuando la Cámara Civil y Comercial de Reconquista tiene a su resolución una apelación interpuesta por los abogados de Vicentin a la decisión del juez Lorenzini de no homologar la propuesta de pago presentada por la compañía en el expediente de su concurso.

A la vez, Lorenzini abrió el período de “salvataje” o cramdown, pero la Cámara suspendió los efectos de esa resolución hasta tanto resuelva la cuestión de fondo del planteo de Vicentin. Se trata de una figura prevista en la Ley de Concursos y Quiebras que contempla la participación de acreedores o terceros mediante una propuesta para darle continuidad a la empresa y evitar su quiebra.

La agroexportadora se declaró en “estrés” financiero en diciembre de 2019, y pidió la apertura de su propio concurso preventivo de acreedores en febrero de 2020. Los créditos verificados en el concurso superan los $97.000 millones, según el expediente.

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