Seguridad en la era Jorge Macri: menos docentes y más precarización en la policía

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad encendió alarmas sobre el estado del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), encargado de formar a los efectivos de la Policía de la Ciudad. El relevamiento detecta deficiencias en recursos, organización académica y condiciones de enseñanza que ponen en duda la calidad del proceso formativo.

Aunque el área de Seguridad figura entre las más favorecidas en términos presupuestarios, el estudio remarca que la ejecución concreta de esos fondos no logra traducirse en mejoras dentro del instituto. La investigación, centrada en 2024, expone una serie de problemas que atraviesan tanto a la formación inicial como a las instancias de capacitación continua.

Vacantes restringidas y alta demanda

Durante el año analizado, más de 23 mil personas se postularon para ingresar a la Tecnicatura en Seguridad Pública, pero menos de mil accedieron al curso de formación inicial como aspirantes a oficiales. Esa brecha marca un fuerte filtro en el ingreso, que contrasta con la demanda creciente por formar parte de la fuerza.

En paralelo, el informe identifica una fuerte concentración de recursos en la formación inicial: casi el 80% del presupuesto destinado a capacitadores se orienta a ese segmento, relegando otros espacios como los cursos de ascenso y programas complementarios.

Irregularidades en la designación docente

Uno de los puntos más críticos señalados por la auditoría apunta al funcionamiento del plantel docente. En la mayoría de los casos analizados, las designaciones de capacitadores se tramitan después del inicio de las cursadas. Además, los expedientes relevados carecen de documentación clave que respalde los procesos de evaluación académica.

La auditoría advierte que “algunas materias tienen alta carga horaria con pocos docentes, lo que podría afectar la calidad educativa”, junto con desajustes en la distribución semanal de clases.

Falta de equipamiento y recursos tecnológicos

El deterioro del equipamiento también aparece como un factor central. De las 2.400 computadoras portátiles adquiridas en 2018, solo una cuarta parte se encuentra en funcionamiento. Esta limitación impacta directamente en la cursada y en las herramientas disponibles para los estudiantes.

A su vez, los simuladores utilizados para prácticas —clave para entrenamientos sin riesgo— resultan insuficientes frente a la cantidad de alumnos. Esta situación genera sobrecarga en instructores y limita la posibilidad de prácticas adecuadas.

Colapso del sistema virtual

El área digital del instituto enfrenta una fuerte saturación. Con más de 113 mil estudiantes y casi 400 docentes, el sistema no logra responder a las necesidades técnico-pedagógicas. El informe advierte que esta situación obliga a implementar soluciones alternativas que incrementan los costos y elevan riesgos operativos.

Recomendaciones y alertas

Frente a este escenario, el organismo de control plantea la necesidad de modernizar la infraestructura, ampliar la cantidad de simuladores y mejorar los sistemas administrativos. También subraya la importancia de garantizar procesos formales en la designación docente y fortalecer el soporte tecnológico.

Por último, el informe señala dificultades para constatar la existencia de formación continua en Derechos Humanos, aunque sí reconoce contenidos vinculados a esa temática en la etapa inicial de capacitación policial.