El Gobierno nacional anunció que revisará más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, tras descubrir que un 80% de los beneficiarios no cumpliría con los requisitos legales para recibirlas. La Agencia Nacional de Discapacidad, junto con el PAMI, será la encargada de llevar adelante este cuestionado operativo que incluirá entrevistas presenciales en todo el país.
La decisión se produce luego de la auditoría de diciembre de 2024, que reveló situaciones alarmantes: 212 pensiones eran cobradas por personas privadas de su libertad y 150 por fallecidos. Sin embargo, la exposición pública de casos como estos, incluyendo la polémica presentación del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien mostró “la radiografía de un perro” encontrada en un expediente, desató críticas por la manera en que se busca desacreditar al sistema en su conjunto. “No podemos permitir que estas situaciones sigan ocurriendo, afecta a quienes realmente necesitan el apoyo del Estado”, declaró Adorni.
Aunque el Gobierno asegura que busca “ordenar” el sistema, la medida genera preocupación entre beneficiarios que temen un ajuste encubierto. En paralelo al anuncio, desde el Ejecutivo se publicaron en el Boletín Oficial los argumentos para esta nueva normativa, basada en baremos confeccionados por especialistas en medicina legal-laboral, que evaluarán el grado de incapacidad psicofísica de los beneficiarios. Según estos criterios, se establecerá si las afecciones declaradas justifican el beneficio o no.
El plan contempla varias etapas: primero, un análisis documental de cada expediente; luego, evaluaciones presenciales a cargo de médicos del PAMI en cada provincia. Finalmente, se emitirán dictámenes que determinarán si las pensiones deben mantenerse o ser dadas de baja.
Aunque la necesidad de mayor transparencia es indiscutible, la implementación de estas medidas en un contexto de ajuste fiscal genera dudas sobre si el objetivo real es mejorar el sistema o reducir el gasto a costa de los más vulnerables.
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