Plan aspiradora: cómo es la estrategia de Caputo para sacar los dólares del colchón

Buscan atraer más de u$s200.000 millones en ahorros fuera del sistema formal.

A partir del 1 de junio, comenzará a regir un nuevo paquete de medidas con el que el Gobierno nacional intenta canalizar los dólares no declarados que muchos argentinos guardan fuera del circuito legal. Lejos de presentar el esquema como un blanqueo tradicional, la administración de Javier Milei lo enmarcó como un «cambio de régimen», que elimina buena parte de los controles sobre movimientos financieros y borra exigencias que antes obligaban a reportar consumos, transferencias y compras inmobiliarias.

El plan fue bautizado como «Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos» y fue presentado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien destacó que el Estado no perseguirá a quienes tengan dólares fuera del sistema: “Tus dólares, tu decisión”, dijo, y agregó que “los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”. Según la administración libertaria, la iniciativa apunta a formalizar una porción significativa de los más de u$s200.000 millones que, se estima, los argentinos conservan sin declarar.

Luis Caputo, ministro de Economía y principal impulsor del paquete, remarcó que la decisión busca devolver la libertad financiera a los ciudadanos. “No son delincuentes, son la gran mayoría de los argentinos que fueron abusados por exceso de impuestos y de controles”, sostuvo. Además, volvió a descartar una devaluación, y reiteró que el camino que proyectan es la reducción impositiva y el estímulo a la inversión privada.

Se desactiva el control estatal sobre consumos, transferencias y propiedades

El paquete, instrumentado por la Agencia de Recaudación y Control Argentino (ARCA), implica la derogación de una larga lista de regímenes informativos. Comercios, bancos, inmobiliarias y escribanos ya no tendrán la obligación de reportar operaciones, desde la compra de vehículos usados hasta pagos de expensas. Además, el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI), que obligaba a informar a la AFIP la venta de propiedades, deja de estar vigente.

En paralelo, se eleva significativamente el umbral a partir del cual las transferencias y depósitos deben ser informados. El retiro de efectivo será libre hasta $10 millones y los plazos fijos podrán constituirse hasta los $100 millones sin ningún requerimiento documental. También se prohíbe a los bancos exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales a sus clientes.

“Dolarización endógena”

En línea con la visión ideológica del oficialismo, el esquema busca dar un nuevo empuje al proyecto de “dolarización endógena”, es decir, una transición gradual en la que los propios ciudadanos vayan reemplazando voluntariamente el peso por el dólar como moneda de uso cotidiano. Según Adorni, el cepo y los controles terminaron generando una economía semiclandestina, en la que “el 50% de nuestra economía terminó siendo informal y el Estado, cual Gran Hermano, controlaba todas las transacciones”.

Desde el Gobierno aseguran que la Unidad de Información Financiera (UIF) solo alcanza a auditar el 0,34% de los reportes recibidos, lo que en la práctica convierte a los sistemas de control en una maquinaria burocrática sin efectividad. Por eso, el oficialismo optó por desactivarlos en masa.

Qué operaciones dejarán de informarse

  • Compras con tarjetas y billeteras virtuales: los consumos personales dejarán de ser reportados por los emisores.
  • Operaciones notariales: los escribanos ya no deberán enviar información mensual a ARCA.
  • Compra-venta de autos usados: se elimina la obligación de los concesionarios de reportar.
  • Pagos de expensas: deja de ser obligatorio el aviso por montos superiores a $32.000.
  • Venta de propiedades: el COTI queda sin efecto.
  • Consumos de servicios públicos: las prestadoras no informarán más los niveles de gasto.

Nuevos topes de control

  • Transferencias bancarias: se eleva el umbral a $50 millones.
  • Extracciones en efectivo: sólo se informarán si superan los $10 millones.
  • Saldos mensuales: sube el límite a $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas.
  • Plazos fijos: sin control hasta $100 millones para individuos.

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