El gobierno nacional puso la mira sobre los clubes de barrio y pequeñas instituciones deportivas comunitarias, al imponerles un nuevo requisito para conservar los subsidios en los servicios de gas y electricidad. La medida, que se enmarca en la segunda fase del ajuste encabezado por Javier Milei, obliga a las entidades a reinscribirse en un registro oficial si quieren seguir accediendo al beneficio.
Según datos del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio, el recorte puede afectar al 70% de las casi 20.000 instituciones, muchas de las cuales no cuentan con el respaldo administrativo necesario para cumplir con los trámites exigidos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó justificar el nuevo filtro diciendo que “los argentinos han financiado con subsidios a clubes de élite, profesionales o con fines comerciales”, aunque evitó mencionar que la gran mayoría de los clubes afectados son espacios esenciales para la contención social, el deporte amateur y la vida comunitaria.
Desde la administración libertaria aseguran que buscan “garantizar la focalización de la subvención” a través de “nuevos criterios de inclusión y exclusión”, bajo la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento Energético. Sin embargo, la decisión fue leída como un nuevo embate contra los sectores populares, que ya vienen siendo castigados por el recorte en jubilaciones, educación y programas sociales.
En números, el gasto total en subsidios para estos clubes representa apenas el 1,74% del Producto Bruto Interno, una cifra marginal frente al impacto social que generan en miles de barrios del país.
Ajuste sobre ajuste: caídas en educación, jubilaciones y empleo
La ofensiva contra las entidades comunitarias se suma a otros golpes que caracterizan el ajuste fiscal del oficialismo. En 2024, el gobierno ejecutó el mayor recorte sobre jubilaciones y pensiones, que concentran casi la mitad del gasto público. Además, achicó un 40% el presupuesto educativo, que cayó al 0,88% del PBI, su nivel más bajo en años.
A la par del desfinanciamiento del Estado, el desempleo también empeoró. Según el último informe del INDEC sobre el mercado de trabajo, la desocupación llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, la cifra más alta desde la asunción de Milei. El número representa a más de 1,1 millones de personas sin empleo, con el Gran Buenos Aires liderando la estadística con un 9,1%.
Pero el deterioro no se detiene en los despidos: el empleo que aún persiste es cada vez más precario. En los últimos doce meses, el país sumó casi 250.000 nuevos cuentapropistas, reflejo de una economía informal que crece al ritmo del desmantelamiento del aparato productivo.
Con esta última decisión sobre los clubes, el Gobierno suma un nuevo frente de conflicto con sectores que históricamente encontraron en el Estado un apoyo mínimo para sobrevivir. Ahora, deberán pasar por un nuevo filtro burocrático para seguir brindando contención en los barrios. Y muchos, posiblemente, no lo logren.
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