Milei lanza una reforma migratoria xenófoba: deportaciones, cobros y restricciones arbitrarias

A menos de una semana de los comicios legislativos en la Ciudad de Buenos Aires, el portavoz presidencial y aspirante a legislador porteño, Manuel Adorni, volvió a captar la atención con declaraciones dirigidas a seducir al electorado más reaccionario. Esta vez, apuntó directamente contra los migrantes al anunciar una reforma integral del régimen migratorio argentino que será implementada por decreto, sin debate parlamentario.

“La normativa migratoria actual invita al caos y al abuso de muchos vivos”, sostuvo Adorni, en una conferencia de prensa que tuvo el tono de un acto de campaña. En su exposición, trazó una línea divisoria entre “migrantes buenos y malos”, criticó las supuestas facilidades para ingresar al país y lanzó cifras sin fuentes verificables: “En los últimos 20 años ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares”.

Según su planteo, el Estado se mostraría pasivo ante el ingreso y permanencia de personas condenadas. “Lo que es peor hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este Gobierno eso se termina”, advirtió, en un discurso con reminiscencias a la retórica de Donald Trump.

Entre las medidas anunciadas, Adorni detalló:

• Rechazo inmediato a cualquier persona con antecedentes penales al intentar cruzar la frontera.
• Expulsión automática de quienes mientan en los formularios migratorios.
• Deportación de cualquier condenado por delitos, sin importar la gravedad.
• Reducción de los plazos para apelar órdenes de deportación.
• Cobro de los servicios de salud pública a inmigrantes sin residencia permanente.
• Endurecimiento de los requisitos para obtener la ciudadanía: será necesario residir dos años sin abandonar el país.

Además, el vocero prometió que las universidades nacionales quedarán “habilitadas” a cobrar sus servicios a estudiantes extranjeros, algo que, en la práctica, ya sucede con quienes no residen en el país.

Cifras infladas y competencias provinciales

El funcionario alegó que “solo en ocho hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones de pesos para atender extranjeros”, aunque no presentó ninguna documentación que respalde ese número. En los hechos, tanto en salud como en educación, el impacto de los migrantes en el gasto público resulta mínimo.

La atención sanitaria depende de cada provincia, y muchas ya tienen sus propios criterios. En Salta y Jujuy, por ejemplo, se implementaron sistemas que limitan el acceso gratuito a la salud para personas sin residencia. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, datos oficiales muestran que los extranjeros representan apenas el 0,2 % de las consultas y el 0,8 % de las internaciones. En Córdoba, el ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer precisó que “menos del 1,2% de los pacientes son extranjeros”.

En cuanto a las universidades, la proporción de estudiantes extranjeros en el sistema argentino ronda apenas el 4,5 %, según el último informe de la Secretaría de Educación.

Una agenda que va contra la ley

El presidente Javier Milei ya había adelantado sus intenciones en marzo, durante la apertura de sesiones legislativas, cuando declaró: “Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria”. Con este anuncio, su Gobierno avanza en un camino que podría entrar en conflicto directo con la Constitución Nacional y la Ley de Migraciones sancionada en 2003, que garantiza el derecho de toda persona a migrar y consagra un enfoque de integración basado en los derechos humanos.

Esa ley, reconocida a nivel internacional, se alinea con el preámbulo de la Constitución, que invita a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. El rumbo propuesto por el oficialismo, sin embargo, parece ir en la dirección opuesta.

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