La Corte, más sucia que nunca: quieren proscribir a Cristina como sea

La Corte Suprema de Justicia dejó señales claras de que avanza hacia una resolución en la causa “Vialidad”, que mantiene en vilo al mundo político: la suerte judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Tras rechazar la recusación del juez Ricardo Lorenzetti —planteada por la expresidenta—, el expediente comenzó a circular entre las vocalías y crece la expectativa de un fallo antes del 19 de julio, fecha límite para la presentación de candidaturas en la provincia de Buenos Aires.

El rechazo a apartar a Lorenzetti encendió las alarmas en el entorno de CFK. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio Lorenzetti firmaron el rechazo “in limine” al planteo, lo que significa que ni siquiera lo consideraron formalmente. Este paso judicial alimentó las especulaciones sobre una inminente resolución, justo cuando la exmandataria anunció su intención de competir por una banca como diputada provincial por la tercera sección electoral.

La jugada, interpretada por varios sectores como una maniobra para inhabilitarla antes del cierre de listas, pone el foco en Rosatti, presidente de la Corte y encargado de fijar los temas a tratar en las reuniones de acuerdo. “Depende de Rosatti. El presidente de la Corte maneja la agenda del tribunal”, señalan desde dentro del edificio de Talcahuano, deslizando la presión que ahora pesa sobre el magistrado nombrado durante la gestión de Mauricio Macri.

En paralelo, los principales medios oficialistas activaron una campaña que busca instalar la idea de que un fallo condenatorio es inminente. El canal A24 llegó a mostrar un contador que marca los días restantes hasta la fecha de cierre de listas, junto a imágenes de los tres jueces supremos. Eduardo Feinmann incluso sumó dramatismo mostrando las instalaciones del penal de Ezeiza. “Habría acuerdo en la Corte Suprema para condenar a Cristina Kirchner. Sería inminente”, lanzó el conductor el viernes pasado, a tono con una operación mediática que también involucró a Clarín y La Nación.

La senadora Anabel Fernández Sagasti ya había denunciado semanas atrás presiones por parte de Lorenzetti. Según su declaración, el juez supremo habría condicionado el futuro judicial de CFK al tratamiento del pliego de Ariel Lijo en el Senado. En esa línea, la ex presidenta consideró que sus derechos como acusada están viciados por falta de imparcialidad. “Él mismo analizó, consideró y resolvió sobre sí mismo. Juez y parte. Sus dos colegas se lo permitieron, lo avalaron y firmaron con él”, denunció Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense y referente judicial del kirchnerismo.

“Cuando desaparece el derecho sólo queda la barbarie. Algunos la van de demócratas, otros de juristas o respetuosos del Estado de Derecho y la República. Muchos creen que se puede ser neutral… Cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde”, escribió Mena tras conocerse el fallo que ratificó la participación de Lorenzetti.

Una definición con impacto político

Si la Corte confirma la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua, CFK quedaría automáticamente proscripta. Desde el oficialismo libertario algunos sectores especulan con que su presencia en la contienda podría servir para acentuar la polarización y, por ende, reforzar la estrategia electoral del gobierno.

Por otra parte, no son pocos quienes advierten sobre las consecuencias sociales de una eventual ratificación de la condena. El dirigente gremial Daniel “Tano” Catalano fue contundente: “Si tocan a Cristina, están tocando al pueblo. Y el pueblo va a estar en la calle: con ella, por ella, por todxs. Defender a Cristina es defender la Patria”.

Las posibilidades judiciales son múltiples: desde un rechazo total de los recursos mediante el artículo 280 (que implica no tratar el fondo del asunto y dejar firme la condena), hasta una revisión parcial o completa del fallo de Casación. En este último escenario, el tribunal podría confirmar, reducir, anular o modificar la sentencia. Incluso, en caso de disidencias, deberían convocarse conjueces para alcanzar un mínimo de tres votos coincidentes, tal como exige la normativa.

Rosenkrantz es una de las incógnitas del proceso. Algunos especulan con que podría respaldar el pedido del Ministerio Público Fiscal, que insiste con la figura de asociación ilícita y busca llevar la pena a 12 años. La vocalía del magistrado, sin embargo, se mantiene en silencio.

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