Investigan si Patricia Bullrich recibió aportes de campaña ilegales

Patricia Bullrich será denunciada a la Justicia penal y electoral por aportes de campaña que, resaltan desde el Gobierno, los recibió de forma ilegal. Al mismo tiempo, pidieron la intervención judicial de la ONG que preside y donde también participaba Gerardo Milman.

El año pasado, la titular del PRO organizó almuerzos con 15 o 20 empresarios una vez por semana donde cobraba al menos $ 50.000 por persona. De acuerdo a lo que publicaron portales de noticias en mayo, allí pedía fondos para su campaña.

¿Quién se hacía cargo de estos encuentros? El Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), una persona jurídica sin fines de lucro. Ahora, de acuerdo a lo que consideró la Inspección General de Justicia en una resolución a la que tuvo acceso DeudaPrometida.com, esto se trata de una práctica abiertamente ilegal.

El financiamiento de los partidos políticos suele pasar por la lupa de la Justicia en cada campaña, más aún para el macrismo desde que se descubrieron aportantes «truchos» en el fondeo de María Eugenia Vidal para 2015 que había revelado el periodista Juan Amorín. Ahora, el organismo a cargo de Ricardo Nissen descubrió que Bullrich estructuró un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar acciones de proselitismo político, lo que se opone al objeto social autorizado y a los fines que puede tener esta institución. Se trata, además, de un organismo que meses antes apenas abonaba gastos corrientes.

En efecto, la IGJ pudo evidenciar que los millonarios fondos obtenidos se procuraron a partir de la realización de «encuentros/almuerzos«. En ellos, bajo la pantalla de un seminario, «se ventilaban asuntos que poco o nada tenían o tienen que ver con el objeto social», planteó, por lo que fueron considerados ilegales por el organismo que orbita en el Ministerio de Justicia de la Nación.

De acuerdo a lo que surgió de la investigación de la entidad, el IEES es utilizada estructural y financieramente para la campaña política nacional de la presidenta de la institución, Patricia Bullrich. La organización adeuda la presentación de sus estados contables desde 2019 y experimentó un notable incremento en las donaciones recibidas desde 2021.

Uno de los vocales, Gerardo Milman, renunció a fines de 2022. Esto coincidió con el momento en que se alejó del equipo de campaña de la titular del PRO después de que se descubriera que habló del atentado a Cristina Kirchner antes de que suceda.

De acuerdo a la entidad de control, este instituto se trata de una asociación sin fines lucrativos a través de la cual, “desplegándose una actividad pretensamente lícita en origen, deviene ilícita porque se procura el sostenimiento económico de una campaña política de proyección nacional”, de acuerdo surge a la Resolución Particular 243/2023 a la que accedió este medio. Esto es, como precisa el documento firmado por Nissen, “una actividad orientada al cumplimiento de un objeto indisimulablemente distinto del que le compete a la asociación civil sobre la que se viene discurriendo, violando la ley de financiamiento de los partidos políticos”.

Por esto, la IGJ propuso la intervención judicial del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad y desplazar a toda su comisión directiva. Al mismo tiempo, adelantó que presentará una denuncia penal y/o electoral contra el organismo, su presidenta, Patricia Bullrich, y los directores por haber violado el financiamiento de campañas electorales.

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Ezequiel Orlando

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