La gestión de Maximiliano Pullaro quedó en el centro de una nueva polémica tras el rechazo público de Mercado Libre al aumento del impuesto a los Ingresos Brutos en Santa Fe, que ahora tiene la alícuota más alta del país, alcanzando el 9%. Este cambio, que forma parte de la Ley de Presupuesto sancionada a fines del año pasado, generó malestar entre las empresas digitales y las plataformas financieras.
Desde Mercado Libre criticaron con dureza esta medida, señalando: «La reciente suba de IIBB en Santa Fe y en otras provincias impacta directamente en los consumidores y Pymes. Este tributo encarece productos y servicios, golpea los bolsillos de las familias y pone en riesgo miles de negocios que son el motor de la economía local». Además, remarcaron el carácter regresivo del gravamen: «Es injusto porque se aplica sobre el total facturado, no sobre las ganancias, y genera un efecto cascada que incrementa los costos…».

La provincia de Santa Fe quedó posicionada como la jurisdicción con mayor presión fiscal en este tributo, seguida de Jujuy (7%) y Córdoba (6,75%). Otras provincias, como CABA y Buenos Aires, mantienen el 5%, mientras que Corrientes aplica la alícuota más baja, con un 2,9%.
En su defensa, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, había declarado en su momento: «Se concibe que una política tributaria no contempla solamente que el Estado necesite obtener recursos para financiar sus servicios y obras, sino el cómo se obtienen esos recursos con el menor efecto sobre su aparato productivo, y que sea parte de la inteligencia que tiene que tenerse para poder procurar los recursos con la menor intrusión en los esfuerzos productivos».
Sin embargo, las críticas no tardaron en multiplicarse. Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, se sumó al reclamo compartiendo el comunicado de Mercado Libre en redes sociales, donde agregó: «Me parece absolutamente loco que haya provincias que SUBAN Ingresos Brutos para billeteras, como si quisieran desincentivar la digitalización e incentivar el trabajo en negro».
La tensión crece mientras las principales voces empresariales reclaman una revisión urgente de estas políticas fiscales, que consideran perjudiciales tanto para el consumo como para la competitividad de los negocios locales. Por ahora, desde el gobierno provincial no hubo respuestas oficiales al planteo.
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