La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le comunicó a su par de Chile que dejó sin efecto el acuerdo entre ambos países para la doble vigilancia de la seguridad operacional, conocido como Interchange. En la práctica, este le permitía al grupo transnacional chileno-brasileño LATAM operar en territorio argentino con aeronaves y tripulaciones extranjeras, en peores condiciones laborales y salariales y fuera del control de la legislación argentina.
El acuerdo había sido promovido por el gobierno de Mauricio Macri y su ministro de Transporte Guillermo Dietrich como parte de la política aérea llevada a cabo en el período 2016-2019, que apuntaba a “desnacionalizar el servicio de transporte aéreo argentino y convertirlo en un negocio privado de grupos transnacionales afines a sus intereses y los de varios de sus funcionarios de gobierno”, expresaron los sindicatos aeronáuticos en un comunicado conjunto.
“Para las y los trabajadores del sector, constituye un avance en defensa del genuino trabajo aeronáutico argentino y de la plena recuperación de la actividad, como parte de un conjunto de medidas que los gremios aeronáuticos venimos solicitando a las autoridades”, elogiaron. La calificaron como una “importante decisión, tanto para el interés nacional en materia de política aérea como para el conjunto de reivindicaciones efectuadas por los Sindicatos Aeronáuticos Unidos”.
Estos pedidos incluyen también la revisión de todos los convenios bilaterales lesivos para el interés nacional, la reinserción en la actividad del personal despedido por la propia LATAM y las empresas Avian, Andes y Flyest, la recuperación de bandas tarifarias que garanticen la sustentabilidad de la aviación comercial nacional, la derogación de la desregulación de los servicios de rampa y la plena vigencia de la negociación colectiva con los Sindicatos Aeronáuticos Unidos.
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