De la motosierra al Plan Platita: Milei aumentó los giros a provincias antes de votar

Durante octubre, en coincidencia con el calendario electoral, los envíos de fondos desde el Gobierno nacional hacia las provincias mostraron un repunte luego de varios meses de baja. Los giros automáticos, que se realizan por ley a partir de la recaudación impositiva, aumentaron 1% interanual a precios constantes y 5,7% en la comparación mensual, según un informe de la consultora Analytica.

El salto cortó con la tendencia descendente que venía desde junio y generó alivio en los gobiernos provinciales en medio del ajuste. En el acumulado de enero a octubre, los fondos distribuidos por esta vía crecieron 2,2% en términos reales respecto del mismo período del año pasado.

Qué provincias recibieron más recursos

Todas las jurisdicciones registraron aumentos cercanos al 6%, salvo la provincia de Buenos Aires, donde la suba fue del 4,8%. En la comparación interanual, Buenos Aires fue la más beneficiada con un incremento del 2,2%, mientras que Santa Fe (-0,4%), Córdoba (-0,3%) y Entre Ríos quedaron rezagadas o con leves caídas reales.

Transferencias no automáticas y pagos judiciales

Las transferencias discrecionales —que se usan para financiar programas o emergencias— también aumentaron fuerte. Entre enero y octubre, subieron 48% interanual a valores constantes. Sin embargo, buena parte de ese salto respondió al cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 a favor de la Ciudad de Buenos Aires, que concentró el 46,6% de esos envíos. Si se excluye ese pago judicial, el crecimiento real habría sido de apenas 8,3%.

En paralelo, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) tuvieron un incremento extraordinario del 206,1% interanual. En octubre, Entre Ríos, Neuquén y Tucumán recibieron $3.000 millones cada una, mientras que Chaco y San Juan accedieron a $2.000 millones.

Qué es la coparticipación

El régimen de coparticipación distribuye entre Nación, provincias y municipios parte de los impuestos nacionales bajo un esquema preestablecido por ley. En la práctica, esos recursos representan la principal fuente de financiamiento para las provincias y son clave para cubrir gastos corrientes, obras y salarios.