La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, firmó la designación del nuevo responsable de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel. El funcionario asumirá el jueves cuando se publique su nombramiento en el Boletín Oficial.
Marcó del Pont recibió este mediodía a Michel junto con Silvia Traverso, la funcionaria que deja su cargo en la DGA y pasará a desempeñar funciones en la AFIP. Durante el encuentro coincidieron en la importancia de profundizar el fortalecimiento de las áreas de control y fiscalización de la Aduana desde 2020. Los valores criterio y los precios de referencia son dos de las herramientas que continuará reactivando el organismo.
Los instrumentos para hacer frente desde la Aduana a los abusos en el comercio exterior habían sido desarticulados entre 2016 y 2019 como parte del proceso de apertura y desregulación impulsado por el gobierno anterior. A partir de 2020, las áreas encargadas de fijar y monitorear los precios de referencia para las importaciones y las exportaciones fueron reactivadas y fortalecidas. La revitalización de esos equipos especializados es una de las tareas iniciadas por Traverso que fortalecerá e impulsará Michel a partir de su designación.
Michel es un experto en temas tributarios que estuvo al frente de la DGA entre marzo y diciembre de 2015. El abogado y contador que también ocupó cargos jerárquicos en la AFIP, se desempeñaba como asesor de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación.
Durante el encuentro, Traverso presentó el estado de situación sobre las denuncias por sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones así como los lineamientos del trabajo en materia de comercialización de granos realizado junto con la DGI.
La funcionaria detalló que investigaciones realizadas por la Aduana permitieron identificar y denunciar más de 6.000 maniobras abusivas en operaciones de comercio exterior entre 2020 y 2021 por más de 600 millones de pesos. Los casos terminaron con denuncias judiciales realizadas por la DGA, o con multas que deben pagar las empresas involucradas para regularizar su situación.
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