Con Mahiques a la cabeza, el Gobierno avanza con un Código Penal más duro

El gobierno de Javier Milei dio un paso más en su política de seguridad al anunciar la elaboración de un nuevo Código Penal, una iniciativa que busca reformular de manera integral la legislación vigente. La propuesta se gestó tras un encuentro entre el Presidente y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y apunta a reforzar el enfoque punitivo frente al delito.

Según comunicó el propio funcionario a través de sus redes sociales, la reunión sirvió para delinear el inicio de un proceso de actualización normativa que contemple las transformaciones en las modalidades delictivas. La intención oficial pasa por adecuar el sistema penal a escenarios que, según sostienen, hoy quedan por fuera o no tienen un tratamiento claro en la legislación actual.

El proyecto se inscribe dentro de una batería de medidas que el Ejecutivo viene impulsando con eje en la seguridad y el endurecimiento de las sanciones. En ese marco, el rediseño del Código Penal buscará ordenar criterios, revisar figuras existentes y aplicar castigos más severos en determinados casos.

Mientras se avanza en la redacción de la reforma integral, el Gobierno planea enviar al Congreso una serie de cambios puntuales. Entre ellos, se incluyen el aumento de penas para distintos delitos, la revisión del esquema sancionatorio para evitar desigualdades y la incorporación de nuevas tipificaciones.

En ese listado aparecen delitos que ganaron visibilidad en los últimos años, como las estafas piramidales, los robos bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, las salideras bancarias, las entraderas y los ataques cometidos por motochorros. Además, el oficialismo busca sumar figuras vinculadas a delitos migratorios, el uso de armas en contextos carcelarios, las picadas ilegales y el maltrato animal.

El desembarco del proyecto en el Congreso promete abrir una discusión intensa entre las distintas fuerzas políticas. El alcance de las penas, la creación de nuevos delitos y el equilibrio entre la seguridad y las garantías constitucionales se perfilan como ejes centrales del debate.

En ese escenario, el oficialismo intentará reunir apoyos para avanzar con una reforma que considera clave dentro de su esquema de política judicial.