Borrar la memoria: el Banco Nacional de Datos Genéticos perdió casi el 60% del presupuesto

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una institución central en la búsqueda de los nietos apropiados durante la última dictadura, atraviesa una etapa crítica marcada por un fuerte recorte presupuestario y la pérdida sostenida de personal. En los últimos dos años, su financiamiento se desplomó más de un 57%, en un contexto de ajuste sobre el sistema científico.

El organismo, creado en 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue una herramienta decisiva para resolver uno de los mayores desafíos que enfrentaban las Abuelas de Plaza de Mayo: demostrar el vínculo biológico entre abuelos y nietos en ausencia de la generación intermedia. Ese avance fue posible gracias al desarrollo del índice de abuelidad, un método que permite establecer la filiación con una certeza del 99,99%.

Desde su creación, el BNDG permitió restituir la identidad de 140 personas, sobre un total estimado de 500 niños apropiados durante el terrorismo de Estado. Además, se consolidó como un centro de referencia internacional en genética forense y en la formación de especialistas.

Sin embargo, el presente del organismo muestra un deterioro acelerado. Según un informe del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), los recortes impactaron con mayor fuerza en los gastos de funcionamiento, que cayeron un 65,8% en tres años, y en los salarios, que se redujeron un 46% desde 2023.

La reducción presupuestaria también tuvo consecuencias directas en la dotación de personal. Entre fines de 2023 y comienzos de 2026, el BNDG perdió alrededor de un tercio de su planta: pasó de 47 trabajadores a 33, de acuerdo con datos oficiales. Se trata de uno de los organismos más afectados dentro del sistema científico nacional.

“Tanto el Banco, como el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, son instituciones pioneras de las que muchas veces no se advierte el peso que tienen dentro de la comunidad forense internacional –subraya Franco Marsico, que estuvo trabajando en el BNDG en 2020, justo antes de la pandemia e hizo su doctorado en genética forense en el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde ahora es docente–. Hace dos años, por ejemplo, estaba en Santiago de Compostela, en el Congreso de la Sociedad Internacional de Genética Forense, y advertí que la Argentina es uno de los cinco países que más miembros le aportan; o sea, es un semillero de genetistas forenses, y también de desarrollo y de aplicación de la genética forense en el contexto humanitario. En ese marco es un poco contradictorio que acá se lo critique, como si atacar a instituciones fuese atacar la política de Abuelas, o que se hable de que tuvo una tendencia muy específica para esos casos, y en realidad es una infraestructura que funciona como base para el desarrollo de la ciencia. Tengo colaboradores en Noruega, en Italia, que reconocen el rol protagónico que tiene el BNDG. El ataque es ir en contra de la tradición científica del país, y es un corte en la cadena de inversión de recursos de años. Ahogarlo es darse un tiro en el pie”.

La falta de recursos no solo limita el funcionamiento diario, sino que también empuja a la salida de profesionales altamente capacitados. “Si en estas instituciones no se permite la contratación de nuevos especialistas, hay solo una puerta de salida para la gente que se va por razones económicas o personales; de alguna manera estás enmascarando una reducción de planta. Tal vez no echás, pero molestás a tal punto que las personas deciden irse y no son reemplazadas”, comenta Marsico.

El debilitamiento del BNDG se profundizó tras el decreto 351/2025, que modificó su estatus institucional: dejó de ser un organismo autónomo para pasar a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Desde el Gobierno justificaron la medida como parte de una política de reducción del gasto público, aunque desde el sector científico advierten que pone en riesgo su independencia y capacidad operativa.

Más allá de su rol histórico en causas de lesa humanidad, el Banco mantiene hoy una actividad constante: recibe alrededor de 120 consultas mensuales de personas que dudan sobre su identidad. Además, su expertise resulta clave en la identificación de víctimas en catástrofes y hechos de violencia, y sirve de modelo para otros países de la región.

Con más de 10.000 muestras genéticas almacenadas y numerosos casos aún sin resolver, el organismo continúa siendo una pieza fundamental en la reconstrucción de la memoria y la identidad en la Argentina. El recorte de recursos, advierten especialistas, no solo afecta su presente, sino que compromete el futuro de una política científica y de derechos humanos reconocida en todo el mundo.