En medio de una crisis económica que golpea con fuerza a jubilados, trabajadores estatales y familias vulnerables, el gobierno de Javier Milei oficializó un acuerdo que permite a ciudadanos israelíes con residencia legal en Argentina cobrar beneficios del sistema previsional y de seguridad social nacional.
Se trata de un convenio bilateral con el Estado de Israel que el Ejecutivo firmó el 7 de febrero de 2024, pero que recién se reglamentó el 12 de junio de este año, a través de su publicación en el Boletín Oficial. La medida entró en vigencia el 1° de mayo, aunque había pasado casi desapercibida hasta ahora.
El acuerdo establece que los israelíes radicados en el país podrán acceder a prestaciones como jubilaciones, pensiones, asignaciones por maternidad, cobertura por discapacidad y otras ayudas contributivas. A cambio, el Estado de Israel habilitará beneficios similares para ciudadanos argentinos que vivan allá.
Pero lo que más ruido generó no fue el contenido técnico del convenio, sino el momento en que se reglamentó. El anuncio llega cuando el gobierno mantiene congelados los haberes jubilatorios, recorta fondos para comedores, veta aumentos a estatales y ajusta partidas claves en salud y educación. En ese contexto, la noticia despertó una fuerte reacción en redes sociales: “El gobierno congela jubilaciones, veta aumentos y vacía hospitales, pero otorga asignaciones sociales a ciudadanos de otro país”, escribió un usuario en X (ex Twitter), expresando un malestar que se extendió rápidamente.
Además del impacto fiscal, la decisión fue interpretada como un nuevo gesto político hacia Israel, país con el que Milei muestra -siempre que puede- una afinidad, tanto ideológica como diplomática. Desde su asunción, el Presidente consolidó un alineamiento estrecho, que incluyó viajes oficiales, declaraciones públicas, actos protocolares cargados de simbolismo y hasta el apoyo en el bombardeo perpetrado hacia Irán.
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