El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció una batería de reducciones fiscales que abarcan desde el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) hasta el de sellos, beneficiando a más de 530 mil comerciantes, monotributistas y trabajadores de oficios en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, estas medidas se dan en un contexto donde la Ciudad recibió un aumento de la coparticipación federal tras un acuerdo con el presidente Javier Milei, lo que perjudica al resto de las provincias.
Entre los anuncios más destacados figuran:
- Exención de IIBB para servicios no profesionales como plomeros, electricistas y peluqueros con ingresos de hasta $6,5 millones anuales.
- Eliminación del impuesto de sellos en contratos de alquiler comercial, turismo y leasing de vehículos.
- Reducción de 3,5% a 0,5% de sellos en desarrollos inmobiliarios en Barracas, una zona históricamente postergada de la Ciudad.
Además, Macri anunció un régimen de devolución exprés de saldos a favor de Ingresos Brutos, beneficiando a más de 221 mil contribuyentes.
¿A qué costo?
Si bien Jorge Macri destacó que estas medidas alivian la carga fiscal de los porteños, el aumento de la coparticipación federal recibido por la Ciudad afecta el reparto equitativo de recursos en el resto del país. Este incremento en los fondos que percibe Buenos Aires agrava las desigualdades con provincias que ya enfrentan desafíos para financiar servicios esenciales.
Organizaciones sociales y dirigentes políticos cuestionaron esta política: «La Ciudad, con el 7% de la población del país, recibe desproporcionadamente más dinero gracias al acuerdo Macri-Milei, mientras otras provincias quedan desfinanciadas», señaló un legislador opositor.
Estas rebajas fiscales, aunque celebradas por sectores beneficiados, reabren el debate sobre la justicia en el reparto de recursos entre jurisdicciones. La pregunta es si estas medidas, sustentadas en una mayor coparticipación, resultan sostenibles y equitativas para el conjunto del país.
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