Oscar Parrilli presentó un proyecto que modifica y convierte en más accesible el derecho ciudadano de llamado a referendum. Hasta ahora, el mecanismo incluido en la reforma constitucional de 1994 era engorroso y exigía mayorías especiales en las Cámaras, que lo tornaron impracticable.
La propuesta de Parrilli que ingresó al Senado esta semana, establece en cambio que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Además, en su artículo 14, permite que “el día fijado para la realización de una consulta popular podrá coincidir con otro acto eleccionario.”
El autor de la iniciativa sostuvo que “lamentablemente en los veinte años que lleva sancionada esta ley ninguna decisión trascendental para el destino de nuestra patria ha sido sometida a la opinión popular, seguramente muchas de ellas y sobre todo las que han perjudicado el futuro de la República nunca fueron consultadas a la ciudadanía”. Lo presentó así junto los senadores Mario Pais, María de los Ángeles Sacnun, Ana Almirón, María Eugenia Duré, Alfredo Luenzo y Silvina García Larraburu.
Por otro lado, indicó que “muchos proyectos de ley que sin duda favorecerán a sectores castigados de nuestra sociedad, que ayudarán a transparentar y agilizar la tan castigada Justicia Argentina, a evitar la fuga de divisas y la venta de recursos naturales a empresas extranjeras, la solución del problema habitacional de millones de compatriotas, deben ser sometidos a consulta pública y de esta forma dejar en poder de las mayorías las decisiones que
afectarán su futuro”. Parrilli afirmó que “las mayorías adoptadas al sancionarse esta ley redundaron en la imposibilidad de convocarse a consulta popular por cuanto desde su sanción jamás se pudo convocar a una”.
Comparó, finalmente, lo sucedido en Alemania, para justificar la posibilidad de incluir en los comicios del calendario electoral, las decisiones que se puedan adoptar con el uso de la consulta popular. Recordó que “la reciente experiencia en la ciudad de Berlín, en la cual en forma simultánea con la elecciones federales se sometió a consulta pública la expropiación de 243.000 departamentos en poder de grandes inmobiliarias, con el objetivo de frenar un fuerte
incrementos en los alquileres de esa ciudad alemana, nos llevan a la convicción de poner en marcha los mecanismos que la Reforma Constitucional de 1994 y la Ley 25.432 crearon, empoderando y haciendo participar a la ciudadanía de las decisiones que marcarán su futuro”.
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