Otro escándalo Menem: $237 millones otorgados con 26 años y casi sin trayectoria laboral

Nuevas presentaciones judiciales y pedidos de informes buscan determinar si hubo privilegios en el acceso a financiamiento estatal.

El escándalo por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y allegados al oficialismo suma un nuevo capítulo con la aparición de otro caso dentro de la familia Menem. A los cuestionamientos por el préstamo millonario de Sharif Menem ahora se agrega el de Nazarena Menem, quien accedió a un financiamiento cercano a los 237 millones de pesos pese a contar con ingresos limitados y escasa trayectoria laboral.

La joven, de 26 años, se desempeña en la Auditoría General de la Nación, donde ingresó hace menos de cuatro años. Con un salario que rondaría los 2,5 millones de pesos mensuales y sin antecedentes laborales previos, obtuvo un crédito a tasa preferencial otorgado en agosto de 2025. Sumado al préstamo de su familiar, el monto total recibido por ambos en pocos meses se acerca a los 600 millones.

Desde el Banco Nación, su titular Darío Wasserman salió a despegarse de las acusaciones y aseguró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales”, al sostener que todos los beneficiarios cumplieron con los criterios habituales de evaluación. Sin embargo, las dudas sobre posibles ventajas para funcionarios y dirigentes oficialistas ya llegaron a la Justicia.

La diputada Mónica Frade impulsó una denuncia que incluye varios nombres del entorno económico del Gobierno y que será ampliada con nuevos casos, entre ellos el de Nazarena Menem. La presentación pone el foco en la posible existencia de conflictos de interés y en la legalidad de los otorgamientos.

Según datos relevados, de unos 27 mil créditos concedidos durante la actual gestión, más de 11 mil fueron destinados a personas vinculadas al oficialismo. El monto promedio de los préstamos supera los 100 millones de pesos, lo que encendió alertas sobre el destino de una línea que originalmente buscaba facilitar el acceso a la vivienda.

“Hay que comprender que antes de conocer los detalles de cada caso y el respectivo expediente, ya estamos frente a claras violaciones a la norma. De acuerdo de Ley de Etica Pública, ninguna fuerza que gobierne y conduzca el banco les puede dar créditos a funcionarios propios, hay conflicto de intereses evidentes”, explicó Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación. “En segunda medida, es importante tener en cuenta que la línea de créditos hipotecarios es para facilitar acceso a quienes lo necesitan, y hay en ese sentido también una clara malversación de objetivos de créditos en muchos de los casos de público conocimiento”, sintetizó.

En paralelo, el diputado Esteban Paulón solicitó información al Banco Central y al Nación para conocer en detalle las condiciones de otorgamiento. El pedido apunta a detectar si existieron cambios en los requisitos o patrones de discrecionalidad en los casos ya conocidos.

Entre los expedientes más cuestionados también aparecen integrantes del equipo económico. Federico Furiase figura entre los principales señalados: recibió 367 millones de pesos y, según la denuncia, habría utilizado el dinero para adquirir una tercera propiedad en un trámite que se resolvió en pocas semanas. Sobre este punto, Frade advirtió posibles incompatibilidades por su rol en el Banco Central.

Otros nombres que integran la lista son Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y distintos funcionarios del Ministerio de Economía, cuyos créditos individuales superan ampliamente los cientos de millones de pesos. “No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino”, se excusó Núñez ante las críticas.

Mientras avanzan las investigaciones y crecen los pedidos de transparencia, el Gobierno insiste en que no existen irregularidades. Sin embargo, el volumen de los montos involucrados y el perfil de los beneficiarios mantienen abierta una polémica que ya impacta de lleno en la credibilidad del sistema de créditos públicos.