La ofensiva mediática de los últimos días busca acelerar el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad, una movida que podría dejar fuera de juego a Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales de 2025. Entre rumores y presiones, la estrategia parece orientada a cerrar el camino electoral de la expresidenta, replicando esquemas de judicialización política observados en otros países de la región.
Desde los medios alineados con el oficialismo, el discurso se intensificó el fin de semana, instando al máximo tribunal a confirmar la condena de seis años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Incluso el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que el fallo podría conocerse en los próximos días, aunque desde Tribunales aseguran que el expediente aún no circula entre los jueces y se encuentra en etapa de dictamen en la Secretaría Penal.
Un fallo clave para el escenario político
La causa Vialidad está atravesada por cuestionamientos que han despertado críticas a nivel nacional e internacional. Desde el inicio, el juicio mostró irregularidades graves, como la falta de pericias técnicas y la vinculación de magistrados con el expresidente Mauricio Macri. Pese a ello, la condena fue ratificada por la Cámara de Casación y ahora depende de la Corte Suprema.
El expediente tiene pendiente la recusación del juez Ricardo Lorenzetti, presentada por la defensa de CFK, quien adelantó públicamente su intención de acelerar la resolución. La defensa insiste en que la Corte debería abstenerse de cualquier decisión apresurada, ya que las pruebas presentadas no vinculan directamente a la expresidenta con las obras públicas cuestionadas en Santa Cruz.
El límite del 19 de julio y la presión mediática
El calendario electoral agrega tensión al escenario judicial. El próximo 19 de julio vence el plazo para la presentación de candidaturas, fecha clave para determinar si Fernández de Kirchner podrá competir. Una vez oficializada como candidata, adquiriría fueros que dificultarían su detención, dejando en manos del electorado su continuidad política.
La ofensiva mediática insiste en que la condena ya debería ser definitiva, evitando nuevas instancias de apelación o revisión judicial. Esta presión se enmarca en una estrategia más amplia de judicialización de la política, con paralelismos en Brasil, Ecuador y Bolivia, donde líderes progresistas fueron apartados de sus cargos o impedidos de competir mediante fallos judiciales cuestionados.
En los pasillos de Tribunales, mientras tanto, no hay señales de que el fallo sea inminente. Fuentes cercanas indican que el expediente podría tardar meses o incluso años en resolverse, dependiendo de las internas dentro del máximo tribunal y de los tiempos políticos. Por ahora, el destino de Cristina Kirchner sigue en manos de un sistema judicial que se mueve al ritmo de intereses que van más allá de la justicia.
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