La deuda de los hogares crece y la mora registrada ya es peor que en la pandemia

El encarecimiento de los servicios públicos reconfigura el bolsillo de los hogares y empuja a un número creciente de familias a financiar gastos esenciales con deuda. En ese contexto, los indicadores de morosidad trepan por encima de los registros de la pandemia y dejan al descubierto una cadena de pagos cada vez más tensionada.

Los datos muestran que el peso de las tarifas —como luz, gas y agua— gana terreno dentro del presupuesto familiar y reduce el margen para otros consumos básicos, desde alimentos hasta indumentaria. Esa presión se combina con una dinámica de precios desigual: mientras los bienes suben fuerte, los servicios lo hacen a un ritmo todavía mayor, lo que obliga a reordenar prioridades y recortar gastos.

El resultado aparece en los números: actualmente, el pago de servicios se lleva cerca del 42% del ingreso de los asalariados, por encima del 38% registrado al inicio de la gestión de Javier Milei. Frente a ese escenario, el crédito para consumo se expande como vía de escape, con un crecimiento acumulado del 57% entre fines de 2023 y comienzos de 2026.

El uso de tarjetas también gana protagonismo en las compras cotidianas. Cada vez más operaciones en supermercados se pagan en cuotas, lo que refleja una mayor dependencia del financiamiento para sostener el consumo básico.

Sin embargo, ese recurso empieza a mostrar límites. Un informe de la consultora Eco Go señala que el crédito no bancario registró una leve contracción reciente. Lejos de responder a una caída de la demanda, la retracción se explica por la decisión de las empresas de endurecer condiciones ante el aumento de la mora.

El segmento no bancario —que incluye billeteras virtuales, tarjetas de cadenas comerciales y préstamos digitales— concentra buena parte de esta problemática. Allí, la morosidad alcanza el 26,7%, más del doble de los niveles observados en el sistema bancario tradicional.

En paralelo, el informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires detecta un deterioro general en el crédito al consumo: la irregularidad sube del 2,5% al 12,1%, lo que marca un salto significativo en los incumplimientos.

Sebastián Menescaldi, economista y referente del sector, vincula este deterioro con un combo de factores que golpea los ingresos: «Se observa un estancamiento de la actividad, del empleo y de los salarios. Los tres factores impactan negativamente en los niveles de morosidad y en los ingresos de las familias. Ante la urgencia de cubrir otras necesidades más básicas, la población deja de pagar las cuotas de los créditos».

El especialista también advierte sobre el perfil de quienes acceden a este tipo de financiamiento, caracterizado por su facilidad de acceso y su foco en sectores más vulnerables: «El crédito no bancario atiende a un determinado segmento de la población. Tiene una facilidad de acceso de la cual carece un banco: a sola firma, con DNI, con el celular. Son todos créditos de corto plazo. Se focaliza en un perfil particular, más vulnerable, que quizás no posee tanto acceso a los servicios financieros más formales por no contar con un trabajo formal o un ingreso estable».

El endeudamiento refleja esa fragilidad. Las obligaciones con entidades no bancarias equivalen al 35% del total de salarios mensuales del país, mientras que entre trabajadores informales o cuentapropistas el peso de la deuda llega a superar ampliamente sus ingresos de un mes.

A pesar del cuadro crítico, en el sector empiezan a delinear estrategias para evitar un colapso mayor. «Hacia adelante, la perspectiva debería ser la estabilización. El Gobierno redujo fuertemente la volatilidad de las tasas activas al fijar un corredor, medida que le pone un tope al costo de fondeo de las empresas no bancarias. Con ese límite, probablemente se animen a prestar un poco más y den un poco más de tiempo», proyecta Menescaldi.

También se multiplican las ofertas de refinanciación como alternativa previa a declarar incobrables los créditos. «Muchas empresas, antes de registrar el crédito como incobrable, comienzan a ofrecer refinanciaciones. Ofrecen plazos más largos y bajan la cuota», agrega.

De fondo, el problema estructural sigue sin resolverse. «El problema central radica en la falta de ahorro en la Argentina: no hay materia prima para prestar. Por ese motivo, el crédito es de corto plazo y exige una cuota muy alta en relación con el sueldo. Con una moneda consolidada que invite a ahorrar, habría fondos para ofrecer préstamos a largo plazo. Hoy, el sistema financiero es netamente transaccional: sirve para mover la plata del día, pero no para financiar el futuro», concluye el economista.