En la ciudad de La Plata, el Gobierno bonaerense avanzó en un acuerdo con la Justicia para mejorar la atención médica de adolescentes y jóvenes alojados en dispositivos de encierro. La iniciativa apunta a ordenar la intervención estatal con criterios comunes y garantizar controles sanitarios sostenidos.
El convenio fue rubricado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Torres; y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. También participaron autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) y equipos técnicos de distintas áreas.
La medida establece una coordinación entre organismos para implementar un esquema integral de cuidados, con foco en adolescentes bajo privación o restricción de la libertad. El plan incluye la aplicación de protocolos específicos y un seguimiento sanitario continuo dentro de las instituciones.
Durante el acto, Larroque subrayó que la articulación con la Justicia permitirá mejorar la respuesta estatal en estos ámbitos y afirmó que la iniciativa “va a permitir implementar protocolos específicos de atención y seguimiento para adolescentes en contexto de privación o restricción de la libertad ambulatoria”.
Por su parte, Torres destacó el trabajo conjunto entre las áreas involucradas y valoró el proceso que derivó en la firma del acuerdo, que contó con la participación de equipos técnicos y funcionarios de distintos organismos.
El convenio prevé la puesta en marcha de un Programa Integral de Salud orientado a jóvenes alojados en dependencias del OPNyA, con lineamientos comunes para la atención médica y el control de su evolución.
En ese marco, la directora ejecutiva del organismo, Andrea Cáceres, remarcó la responsabilidad estatal en la garantía de derechos: “Es una obligación que tenemos como Estado provincial y también en articulación con la Justicia, garantizar que estos jóvenes tengan todos sus derechos garantizados y una nueva oportunidad en la vida, que es para lo que estamos todos y todas”.
La iniciativa se inscribe en la normativa vigente sobre protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, y refuerza la estrategia del gobierno de Axel Kicillof para ampliar el acceso a políticas públicas en contextos de mayor vulnerabilidad.
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