Renunció un funcionario libertario por bienes no declarados en Estados Unidos

La salida de Carlos Frugoni del Gobierno se concretó este domingo, en medio del escándalo por la omisión de propiedades en el exterior dentro de su declaración jurada. El ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura dejó su cargo luego de que trascendiera que poseía inmuebles en Estados Unidos que no habían sido informados ante los organismos de control.

Desde el Ministerio de Economía confirmaron que el titular de la cartera, Luis “Toto” Caputo, aceptó la dimisión tras la polémica que escaló en los últimos días y puso en jaque la continuidad del funcionario. La situación generó ruido interno y volvió a poner en discusión los estándares de transparencia dentro del Gobierno.

El conflicto se desató cuando salieron a la luz al menos siete propiedades ubicadas en Miami y zonas cercanas, adquiridas entre 2020 y 2022 mediante sociedades constituidas en Delaware. Esos activos no figuraban ni en su presentación ante la Oficina Anticorrupción ni en los registros del ARCA, lo que encendió alarmas sobre posibles irregularidades.

Frugoni reconoció públicamente la omisión y explicó su versión de los hechos. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, afirmó en declaraciones periodísticas.

Los registros inmobiliarios de Florida permitieron identificar varias unidades vinculadas al exfuncionario, con valores que rondan los 215.000 dólares cada una. Parte de esas propiedades se ubican en localidades como Delray Beach, Lantana y West Palm Beach.

Especialistas señalaron que las operaciones se realizaron a través de firmas como Genova y Waki, estructuras habituales en Estados Unidos para la compra de bienes, aunque su uso sin declaración ante autoridades argentinas genera sospechas en el marco de la función pública. La defensa de Frugoni apuntó a que, antes de asumir, tributaba exclusivamente en el exterior y que planeaba regularizar su situación.

Sin embargo, el crecimiento de su patrimonio también quedó bajo la lupa. En pocos años, sus declaraciones mostraron un salto significativo en activos financieros y participación en empresas, además de depósitos en dólares fuera del país.

El episodio derivó en presentaciones judiciales impulsadas por dirigentes opositores y abogados, que quedaron en manos del juez federal Daniel Rafecas. Las denuncias apuntan a un posible ocultamiento de bienes por montos millonarios.

A su vez, antecedentes administrativos ya complicaban al funcionario: había recibido sanciones por incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas en el ámbito porteño, lo que incluso derivó en restricciones para ejercer cargos públicos en ese distrito.

Dentro del oficialismo, el caso generó incomodidad y comparaciones con otras situaciones recientes. Mientras algunos funcionarios lo calificaron como un hecho “gravísimo”, otros buscaron diferenciarlo de polémicas anteriores, marcando la magnitud de los bienes involucrados y la omisión en los registros.

La salida de Frugoni se da en un contexto donde el Gobierno enfrenta cuestionamientos por el manejo de la transparencia y el control patrimonial de sus funcionarios, un eje que vuelve a instalarse en la agenda política tras este episodio.