En una entrevista exclusiva para Deuda Prometida, Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, analizó el impacto real de lo que el gobierno denomina pasar la motosierra al Estado. Para la dirigente, esta política no se limita a un ajuste de planillas, sino que atenta contra la seguridad básica de la población. Cabezas sostiene que «la incertidumbre nunca es buena en términos reales ni para los trabajadores ni para sus familias», pero advierte que el problema escala cuando afecta a quienes sostienen servicios críticos.
Seguridad aérea: «Trabajadores mal comidos y mal dormidos»
Uno de los ejemplos más alarmantes citados por la secretaria adjunta es el de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Allí, la precarización laboral se traduce en riesgos directos para la seguridad aerocomercial. Cabezas relata que «tenés trabajadores que tienen que garantizar la seguridad en tierra de una aeronave cargada de combustible y con más de 300 pasajeros, que lo tiene que guiar en la niebla a la salida de la pista, que gana 850.000 o 900.000 pesos durante todo el mes».
La situación se agrava por el costo de vida en las zonas de trabajo, ya que «cuando trabaja más de 12 o 18 horas come por 13.000 pesos en un aeropuerto donde la comida claramente es más cara». Según la dirigente, esto crea un escenario de vulnerabilidad extrema: «Ese trabajador mal comido, mal dormido, es el que tiene que estar lo suficientemente consciente como para poder guiar al avión». Advierte, además, que la gestión actual genera «condiciones psicológicas en los espacios del Estado que no permiten cumplir una tarea como la que debiera cumplirse», y que, ante una tragedia, «la responsabilidad va a ser del trabajador que ya sabemos que está trabajando en condiciones paupérrimas».
El mito del Estado elefantiásico y la desigualdad estructural
Frente al discurso que señala un exceso de personal público, Cabezas contrapone datos y definiciones políticas sobre el rol del Estado en un sistema capitalista. «170.000 o 180.000 trabajadores en una población de 47 millones de argentinos no es muy grande», afirma, comparándolo con otros países del mundo. Para ella, el Estado debe actuar como un nivelador: «Si hay un sistema tan perverso como para desnivelar las posibilidades, tiene que haber Estados que tiendan a nivelar esa desigualdad».
En esa línea, utiliza una metáfora contundente sobre la disparidad de fuerzas frente al capital: «No son las mismas condiciones de lucha; es como que yo te dé un tenedor y te diga andate a pelear con el que tiene la pistola 9 milímetros automática». Cabezas define que «la función más importante del Estado es generar las mismas posibilidades para todos e intervenir para generar las mismas posibilidades para todos». Por el contrario, critica la entrega total al mercado, al que define como «una situación abstracta y amorfa que en realidad regula relaciones de poder» y sentencia que «hoy por fuera del mercado hay cientos y cientos de argentinos y argentinas que se mueren de hambre».
Soberanía alimentaria y sanitaria: los riesgos en el SENASA
La dirigente, quien proviene del SENASA, explica que el desmantelamiento de organismos de control pone en juego la capacidad exportadora y la salud de la población. «Para poder exportar un grano en la Argentina o una vaca necesitas el compromiso soberano de un país para que otro te compre», explica, y señala que el descuido de los controles ya provoca que países como Chile o Estados Unidos «empiecen a mirar de reojo».
Cabezas subraya que «el control de la sanidad y de la calidad de los alimentos que todos los días nosotros ponemos en la mesa es una tarea fundamental para mantener la sanidad de un país». Sin embargo, el gobierno aplica un «recorte solapado» mediante el congelamiento salarial, lo que provoca un éxodo de profesionales hacia el sector privado: «Los profesionales no quieren trabajar más para el Estado porque el Estado les paga 100 veces menos de lo que podrían cobrar abriéndose una veterinaria». Ante esto, lanza una pregunta inquietante: «¿Quién va a controlar lo que estás comiendo? ¿Vas a querer que te lo controle un privado o le vas a ir a reclamar a la empresa cuando aparezca algo?».
La criminalización de la pobreza y la «precarización de la vida»
Para la secretaria general adjunta de ATE, el diagnóstico es socialmente desgarrador: «El gobierno combate la pobreza matando pobres«. Denuncia que se busca bajar la edad de imputabilidad sin abordar las causas de fondo, mientras se retiran recursos de áreas educativas. «Si a un pibe le enseñaste que toda su vida no valió nada, que la vida de sus padres no vale nada, ¿por qué va a pensar que tu vida vale algo?», cuestiona con crudeza.
Cabezas sostiene que «la precarización de la vida es intencional porque los pueblos con vida precarizada son mucho más fáciles de dominar«. Al quitarle al trabajador el dominio sobre su tiempo, se anula su capacidad de resistencia: «Cuando vos no sos dueño del tiempo de tu vida no tenés posibilidades de discutir nada». Relata, a modo de ejemplo, el caso de un delegado que asistió a un plenario nacional «dejando la caja de Rappi» para ir a discutir política, demostrando que incluso pese a la indigencia salarial persiste la voluntad de transformación.
Memoria, soberanía y la «desaparición» como estrategia
Finalmente, Mercedes Cabezas vincula la situación actual con la memoria histórica de Argentina y la soberanía nacional, amenazada por la presencia de intereses extranjeros en puntos estratégicos como Tierra del Fuego. De cara al 50 aniversario del golpe militar, advierte sobre los intentos de instalar nuevos relatos negacionistas. «Desaparecer algo es negar su existencia», afirma, pero concluye con esperanza: «Por suerte hay toda una generación a la que no lograron desaparecer y los postulados y las ideas siguen vivas». Para la dirigente, la reconstrucción de la historia es una responsabilidad generacional ante un modelo que «vuelve a la esclavitud en un montón de cuestiones».
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