El lunes se concretará una nueva ola de despidos en el Estado: 800 empleados de planta permanente del ministerio de Capital Humano quedarán afuera tras la decisión de la ministra Sandra Pettovello de aplicar la Ley Bases. Se trata de trabajadores con entre quince y treinta años de carrera, en su mayoría pertenecientes a la Secretaría de Niñez y Familia, que desde febrero estaban “en disponibilidad” sin tareas asignadas.
La medida marca un punto de inflexión en la política social del gobierno libertario. Desde la llegada de Pettovello, el área desarmó la mayoría de los programas que sostenían la organización comunitaria: cooperativas de trabajo, urbanización de barrios populares, comedores, iniciativas de género y proyectos de reciclado. En su lugar, quedaron como únicos pilares la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, esquemas de asistencia de carácter individual que se limitan a transferencias de dinero.
Además, el ministerio cerró los Centros de Referencia que funcionaban en distintas provincias, dejando a la población sin espacios de atención cercanos. Las visitas domiciliarias de trabajadoras sociales, la asistencia en emergencias y la articulación territorial también se desmantelaron. Hoy, la única vía de contacto para reclamos es una línea telefónica que, según denuncian los gremios, rara vez funciona.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el impacto será profundo. “La situación es muy preocupante. Hay mucha angustia, porque esta vez apuntaron contra trabajadores que habían concursado sus puestos, que tenían carreras, mucha formación y estabilidad en el empleo”, señaló a Página/12 Ingrid Manfred, referente de ATE en Desarrollo Social.
La dirigente recordó que la embestida contra el área comenzó meses atrás: “En febrero de este año el ministerio dejó sin trabajo a 800 contratados y al mismo tiempo pasó a disponibilidad a 800 trabajadores de planta. La Ley Bases le habilitó al gobierno hacer esto, con el argumento de que para optimizar el recurso humano, los trabajadores podrían ser reubicados. Pero no hubo optimización sino puro despido”.
El proceso estuvo marcado por lo que los empleados califican como maltrato. Al quedar en disponibilidad, recibieron la orden de “permanecer accesibles durante su horario laboral, y concurrir a toda convocatoria que les sea cursada”. Sin embargo, en seis meses no hubo ninguna capacitación, reubicación ni comunicación oficial sobre su futuro.
ATE presentó recursos administrativos, pedidos de reconsideración y un proyecto de ley en Diputados. También hay un amparo en trámite que podría prosperar, a partir de fallos favorables recientes para despedidos del INTA, el INTI y la Secretaría de Agricultura Familiar. Sin embargo, el vaciamiento de áreas enteras del ex Ministerio de Desarrollo Social deja en evidencia que el gobierno avanza en un desmantelamiento estructural.
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