En medio del ajuste, Adorni destina millones a encuestas de opinión

En plena controversia por denuncias de corrupción y en la antesala de un año electoral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, proyecta un gasto de al menos 229 millones de pesos para la realización de encuestas de opinión pública. El proceso, oficializado a través de una licitación, no especifica qué tipo de preguntas se incluirán ni cuáles serán los ejes concretos de los estudios.

La contratación se enmarca en un “servicio de realización de estudios de monitoreo de la gestión y opinión pública” con una duración inicial de doce meses, con posibilidad de extenderse por otro año. Los detalles figuran en el sistema Compr.ar y también en el Boletín Oficial.

El mecanismo elegido fue el de Acuerdo Marco. Bajo este formato, distintas empresas presentan sus propuestas, se seleccionan aquellas que cumplen los requisitos y, posteriormente, el funcionario puede asignar trabajos de manera directa mediante órdenes de compra. Este esquema le otorga un amplio margen de decisión sobre cómo distribuir los encargos, siempre dentro del presupuesto establecido.

En total, son 14 las consultoras habilitadas para recibir pedidos. Entre ellas aparece Opinaia, dirigida por Juan Mayol, con vínculos personales con el presidente Javier Milei. También integran el listado firmas como MVP Data, MBC Consultores, Isonimia, Taquion, TresPuntoZero y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, entre otras. Algunas consultoras quedaron excluidas parcial o totalmente del acuerdo.

El monto previsto surge de los anexos de la licitación y genera cuestionamientos por el contexto de ajuste en otras áreas. Como referencia, esa cifra equivale a varios meses de funcionamiento de una facultad de la Universidad de Buenos Aires, en un escenario donde el financiamiento universitario atraviesa tensiones. Sectores críticos también señalan la contradicción con recortes que afectan a personas con discapacidad.

Los estudios contemplados abarcan distintas metodologías: encuestas telefónicas automatizadas (IVR) y con operador (CATI), relevamientos presenciales, sondeos online, focus groups e incluso análisis en grupos de WhatsApp.

Ante la consulta sobre el objetivo de estas contrataciones, desde el Gobierno señalaron que se trata de herramientas habituales de medición. En esa línea, respondieron: “no son solo electorales. Tienen de todo. Son de opinión pública”. Sin embargo, desde distintos sectores cuestionan que se utilicen recursos estatales en relevamientos que podrían tener impacto en la estrategia política del oficialismo.

Fuente: El Destape