El Gobierno deberá destinar alrededor de USD 1.200 millones para asegurar el abastecimiento de gas durante el invierno, en un escenario marcado por la suba internacional de precios y la falta de infraestructura local que permita reducir la dependencia externa.
La cifra surge de la licitación abierta para la compra de Gas Natural Licuado (GNL), en la que quedaron como únicos competidores la multinacional Trafigura y la española Naturgy. La definición se conocerá el 21 de abril y, según fuentes del sector, la primera habría presentado la propuesta más conveniente.
El proceso forma parte de un cambio en la política energética oficial, que apunta a trasladar la importación de GNL —hasta ahora en manos de las estatales Enarsa y Cammesa— a un operador privado único.
El dato más preocupante aparece en los valores ofertados. El precio del gas importado se ubica entre 24 y 27 dólares por millón de BTU, prácticamente el doble de los niveles registrados en 2025, cuando el promedio rondó los 12 dólares. La escalada responde en gran medida a la tensión geopolítica en Medio Oriente, con impacto directo en los mercados energéticos.
A ese valor base se suman costos adicionales como transporte, regasificación y operación en la terminal de Escobar, lo que eleva aún más el precio final. El resultado queda muy por encima de los valores del gas local, que la industria paga entre 2 y 4 dólares por MMBTU. “La diferencia es imposible de trasladar a costos productivos”, afirmó a LPO el dueño de una fábrica electro intensiva.
El impacto no solo se sentirá en el entramado productivo, sino también en las cuentas fiscales. El aumento del gasto en importaciones energéticas amenaza con tensionar el superávit que busca sostener el equipo económico.
Sin embargo, dentro del sector energético señalan que gran parte de este gasto podría haberse evitado. La reversión del Gasoducto Norte, una obra estratégica para transportar gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país, continúa inconclusa.
Aunque el Gobierno anunció su inauguración en noviembre de 2024, más de un año después todavía resta completar una porción significativa del proyecto. Esta demora obliga a mantener importaciones desde Bolivia y a reforzar la compra de GNL en el mercado internacional.
El contraste es contundente: terminar la obra demandaría unos 740 millones de dólares, mientras que el ahorro anual estimado oscila entre 1.000 y 2.000 millones. En términos prácticos, el costo de un solo invierno de importaciones equivale a financiar la infraestructura pendiente.
La falta de avances en este frente deja a la Argentina expuesta a los vaivenes del mercado global justo en el momento de mayor consumo, con consecuencias económicas que ya empiezan a sentirse.
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