El escándalo por la criptomoneda $Libra sigue sumando capítulos. En una nueva presentación ante la Justicia, el abogado Gregorio Dalbón solicitó que se secuestren los teléfonos celulares del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La solicitud ya está en manos del fiscal Eduardo Taiano, quien lleva adelante la causa por presunto fraude financiero. En el escrito, Dalbón argumentó que «en atención a la gravedad institucional del caso, se solicita que se arbitren los medios necesarios para asegurar la correcta cadena de custodia de los elementos secuestrados».
El caso apunta a determinar la posible responsabilidad del Presidente y su círculo cercano en la promoción de la criptomoneda, que según la revista Forbes causó pérdidas millonarias a inversores de todo el mundo. Entre las pruebas presentadas, Dalbón afirmó que Karina Milei habría mantenido reuniones con Mauricio Novelli, uno de los principales involucrados en la maniobra, y citó declaraciones en las que el empresario estadounidense Hayden Davis habría dicho que “controla a Javier Milei mediante el pago de sobornos a Karina Milei”.
La investigación, que involucra a figuras como Julian Peh, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, analiza posibles delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho. Además, el Congreso también tomó cartas en el asunto. Durante una comisión parlamentaria, especialistas en criptomonedas y fraudes financieros coincidieron en que el caso $Libra encaja dentro de una maniobra conocida como rug pull, en la que se eleva artificialmente el valor de un activo para luego desaparecer con el dinero de los inversores.
El diputado Pablo Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, sostuvo que el rol de Milei en este escándalo «es un escándalo global, pero pareciera que en la Argentina no tiene el lugar que se merece». Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, insistió en la necesidad de «la mayor indagación y la búsqueda de pruebas».
El debate también abrió la posibilidad de una regulación específica para evitar que este tipo de fraudes vuelvan a ocurrir. Mientras tanto, la Justicia deberá decidir si avanza con el secuestro de los celulares solicitados y qué implicancias podrían tener los hallazgos en la causa contra el Presidente y su entorno.
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