El gobierno de Javier Milei avanzó con un decreto que cambia de manera profunda la Ley de Identidad de Género, lo que generó un rechazo generalizado en la comunidad LGBT+. La nueva normativa prohíbe los tratamientos hormonales para menores de 18 años y restringe el acceso a cirugías de reasignación de sexo en estos casos, aunque estos procedimientos no son algo habitual en Argentina.
Manuel Adorni, vocero de la Casa Rosada, defendió el decreto apelando a afirmaciones erróneas y acusaciones sobre el abuso infantil. En sus palabras, «la ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil». Este tipo de declaraciones, que repiten las opiniones de Milei en el Foro de Davos, fue ampliamente rechazado por activistas, quienes cuestionaron la falta de información adecuada sobre la realidad de los tratamientos médicos para personas trans.
La modificación a la ley de identidad afecta de manera directa a las personas menores de 18 años que quieran hacer un cambio en su identidad de género. Antes, la Ley de Identidad de Género permitía que los mayores de 18 años pudieran modificar su identidad sin la necesidad de someterse a cirugía o tratamientos hormonales. En el caso de los menores, el proceso requería el consentimiento de los padres y la intervención de profesionales especializados. Ahora, la nueva medida elimina muchas de esas posibilidades, lo que genera una gran preocupación por los derechos de los más jóvenes.
La modificación del decreto fue catalogada como discriminatoria y desinformada, ya que no refleja la realidad de los tratamientos hormonales y las terapias de reasignación de sexo en el país. En Argentina, estos procedimientos no están disponibles de manera generalizada para menores, lo que hace que la medida carezca de una justificación real. De esta forma, la decisión del gobierno restringe derechos ya reconocidos y debilita los mecanismos de protección de los derechos de las personas trans.
Restricciones en el sistema penitenciario: un ataque a la identidad de género
Por otro lado, Adorni también anunció una nueva medida en relación con el sistema penitenciario, que prohíbe los traslados de prisioneros a pabellones femeninos basados solo en la identidad de género autopercibida. La decisión busca evitar que prisioneros condenados por delitos de género puedan cambiar su identidad para ser trasladados a pabellones de mujeres. Sin embargo, este tipo de situaciones son muy raras, y expertos en derecho penal y criminología han señalado que no justifican una política tan generalizada. Las organizaciones de derechos humanos consideran que esta medida fomenta la estigmatización y la discriminación hacia las personas trans, que ya viven en condiciones de vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario.
El gobierno parece basarse en casos aislados para justificar su política, obviando la complejidad de la identidad de género y los derechos de las personas trans. Las críticas apuntan a que estas reformas refuerzan la marginalización y dificultan la inclusión social de las personas trans, quienes enfrentan ya una serie de barreras para acceder a sus derechos.
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