Robo en Andis: detectan sobreprecios de hasta 4.000%

Una auditoría del Ministerio de Salud encendió alarmas dentro del Estado tras revelar un entramado de irregularidades en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que durante 2025 manejó contrataciones por unos 18 mil millones de pesos. El documento, que salió a la luz en medio de una causa judicial, advierte sobre sobreprecios extremos y procesos licitatorios direccionados en beneficio de un grupo reducido de proveedores.

El relevamiento abarca más de 500 expedientes y pone el foco en al menos seis empresas vinculadas a la provisión de insumos ortopédicos. Según el informe, los valores abonados en algunos casos superaron hasta en 40 veces los precios de referencia, una diferencia que alimenta las sospechas de maniobras sistemáticas para inflar costos.

El análisis fue remitido al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo de Ariel Lijo, y se incorporó como prueba en la investigación que involucra al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y a otros funcionarios y actores del sector privado.

Entre los puntos más sensibles, el documento advierte sobre relaciones cruzadas entre las firmas adjudicatarias, incluyendo lazos familiares, sociedades compartidas y domicilios coincidentes. También se detectaron direcciones fiscales irregulares o directamente inexistentes, lo que refuerza la hipótesis de una estructura armada para concentrar contratos.

Uno de los casos más llamativos involucra a una empresa que declaró una sede operativa en una altura de calle que no existe, mientras que su domicilio fiscal correspondía a un lavadero de autos. Estas inconsistencias fueron respaldadas con registros fotográficos incluidos en la auditoría.

El informe también advierte que una parte significativa de los pagos todavía no se había ejecutado al momento de su presentación, lo que abría la posibilidad de frenar transferencias por casi 4.800 millones de pesos. En ese marco, el documento subraya la necesidad de intervenir de forma preventiva para evitar mayores perjuicios al erario público.

“Esta situación técnica otorga a la administración la oportunidad de ejercer un control de legalidad preventivo, ya que el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”, sostiene el informe.

Entre las operaciones bajo sospecha, se destaca la compra de un sistema médico cuyo valor se fijó en 425 millones de pesos, cuando meses antes otro organismo estatal lo había adquirido por menos de un tercio de ese monto. En otros expedientes, las diferencias de precios superaban el 1.900%.

Además, la auditoría identifica un núcleo de empresas que compartían domicilio y estructura societaria, lo que derivó en la denominación informal de “Grupo Belgrano 609”. En esos casos, los sobreprecios también alcanzaron niveles extremos y comprometieron contrataciones por miles de millones de pesos.

La investigación judicial avanza con nuevas declaraciones indagatorias que buscan esclarecer responsabilidades en un esquema que, según la fiscalía, pudo haber operado con la participación de intermediarios y funcionarios.