Privatización de la Hidrovía: denuncian negocios dudosos y cero estudios ambientales

A días de que se conozcan las ofertas económicas para la concesión de la Vía Navegable Troncal, crecen las críticas al proceso impulsado por el gobierno de Javier Milei. Distintos sectores advierten que la licitación avanza sin estudios de impacto ambiental adecuados y bajo sospechas de direccionamiento en favor de grandes empresas del sector.

El proyecto contempla una profundización del calado del río Paraná hasta los 44 pies, una modificación de gran escala que, según especialistas y exfuncionarios, carece de evaluaciones ambientales previas realizadas por el Estado. Esta ausencia ya había sido señalada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en un dictamen de febrero de 2025, donde se remarcó la necesidad de contar con estos estudios antes de definir las condiciones técnicas de la licitación.

“Deviene irrazonable que se efectúen los pertinentes estudios de impacto ambiental con posterioridad a la confección del pliego de bases y condiciones particulares, por cuanto éste incluye las especificaciones técnicas del proyecto que requieren necesariamente de los antedichos estudios para determinar su viabilidad. Significaría, también, que la evaluación de impacto ambiental está pensada como una simple formalidad y no como un informe determinante de las posibilidades de un proyecto, que resguarde el ambiente y los recursos naturales”, sostuvo la PIA en ese documento.

En paralelo, el proceso quedó atravesado por una nueva denuncia penal presentada ante ese organismo. El planteo apunta a la posible utilización de documentación atribuida a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que presentaría inconsistencias en su origen. Según una pericia técnica incorporada a la causa, los archivos carecen de firmas digitales válidas, no incluyen registros oficiales del organismo y presentan metadatos que no permiten verificar su autenticidad institucional.

“Se ha identificado los siguientes puntos que, en conjunto, plantean serias dudas sobre la trazabilidad institucional de ambos documentos”, indica el informe pericial que acompaña la denuncia.

El cuestionamiento judicial también retoma la falta de evaluaciones ambientales. José María Lojo, ex titular del Consejo Portuario Argentino, insistió en este punto al señalar: “Más allá de que el Gobierno tiene facultades para ordenar una licitación internacional, lo tiene que hacer sin abuso de autoridad, sin violar normas ambientales y con transparencia. Estos pliegos están totalmente direccionados para que se repartan el negocio entre Jan De Nul y DEME”.

El proceso licitatorio involucra a grandes firmas del comercio exterior y del sector industrial, que operan puertos sobre el Paraná y concentran buena parte del flujo exportador argentino. En ese contexto, también se puso bajo la lupa el peso de informes privados elaborados años atrás, que descartaban impactos ambientales significativos sin trabajos de campo.

“No se han identificado impactos incrementales negativos de significancia que pudieran desaconsejar las obras propuestas o constituirse en obstáculos insalvables para la realización del Proyecto”, afirmaba uno de esos estudios. En la misma línea, agregaba: “Debido a los plazos del contrato, a la profusa información disponible de la Vía Navegable Troncal SFO y a la participación de especialistas que trabajan desde hace años en el Río Paraná y en el Río de la Plata, no fue necesario realizar estudios de campo para la realización del Estudio de Impacto Ambiental”.

Mientras tanto, desde el Congreso también surgieron cuestionamientos. El diputado Jorge Taiana presentó un proyecto en el que advierte sobre posibles irregularidades técnicas, jurídicas e institucionales en la licitación. En su planteo, sostuvo: “La administración y fiscalización de una vía estratégica para el comercio exterior argentino no puede desvincularse de la responsabilidad indelegable del Estado respecto del control de aquello que ingresa y egresa de nuestro territorio, ni quedar condicionada por mecanismos que debiliten la capacidad de supervisión pública sobre los recursos de nuestro país. El actual proceso licitatorio se encuentra plagado de serios cuestionamientos técnicos, jurídicos e institucionales donde se advierten sobre posibles irregularidades en la confección de los pliegos, direccionamiento de la licitación, ausencia de estudios ambientales adecuados y utilización de documentación que se presume apócrifa atribuida a prestigiosos organismos internacionales”.

Con este escenario, la definición de la nueva concesión de la hidrovía avanza en medio de tensiones políticas, denuncias judiciales y advertencias sobre el impacto ambiental de una obra que resulta clave para el comercio exterior argentino.

Fuente: El Destape